“No ha que considerar que ha sido la maldad lo que se explica por la estupidez”

Carrau sobre la alegación de que el correo incriminatorio fue suplantado

El fiscal Anticorrupción Juan Carrau ha defendido, al finalizar el juicio del caso Exámenes, que ha quedado desmontada la teoría de las defensas de que el correo incriminatorio con las preguntas de la oposición de la Policía Local pudo ser suplantado.

En su informe final, Carrau ha pedido al Tribunal que declare probado que el exdirector general de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo, envió a un policía interino, Daniel Montesinos, siete de las diez preguntas del examen de ascenso a oficial del año 2012 –preguntas que le habrían adelantado para ello los exmandos policiales Antoni Vera y Rafael Estarellas– para que las remitiera a dos aspirantes, Tomás Mas y Santiago Adrover, seis días antes de la prueba.

Parafraseando el principio de la navaja de Ockham, el fiscal ha remarcado que “lo más simple suele ser lo más probable”: en este caso, ve mucho más verosímil que Calvo enviara las preguntas, como se plasma en el acta notarial que efectuó Montesinos, antes que “conspiraciones mundiales” para implicar al exdirector con una supuesta suplantación de correo electrónico.

Carrau también ha mencionado el principio de Hanlon para advertir que “no hay que considerar que ha sido la maldad lo que se explica por la estupidez”. La Fiscalía cree que Calvo pensó que si enviaba las preguntas a través de un intermediario podría evitar ser identificado.

Asimismo, el fiscal ha argumentado que corresponde a las defensas demostrar que los correos fueron suplantados, llamando la atención sobre que Calvo no presentara ninguna denuncia por la supuesta falsificación. En la misma línea ha argumentado que el exdirector de Seguridad Ciudadana podría probar que no envió él ese correo solicitando a Google una certificación de los mensajes salientes. En cambio, Calvo “borró todo sus correos y archivos”.

Asimismo, el acusador público ha incidido en que los informes técnicos sobre una vulnerabilidad informática se ciñen a correos corporativos y en este caso fueron direcciones con dominios externos.

DECLARACIÓN DEL INTERINO, ACTA NOTARIAL Y CORREOS

De este modo, Anticorrupción ha fundamentado su acusación en la declaración “contundente” de Montesinos y los documentos que la corroboran, en alusión al acta notarial y los correos que entregó a la Guardia Civil para su análisis. A ello ha sumado la confesión de uno de los supuestos receptores de la filtración, Santiago Adrover –de la que se desdijo en el juicio–, que en la investigación confirmó que tuvo las preguntas antes del examen e incriminó a Mas.

Para reforzarlo, Carrau ha resaltado el hecho de que ambos sólo contestaran las preguntas filtradas, así como “la conducta antes, durante y después del examen” de Mas, que “iba sobrado y hacía alarde de que en realidad ya lo tenía concedido”, según apuntaron otros opositores.

En cuanto al exintendente Vera, el fiscal considera que no ha podido explicar cómo se filtraron sus preguntas si afirmó que sólo las tenía él. También ha remarcado que su nombre aparece en los metadatos del archivo, que fue confeccionado con un equipo Mac como el que tenía en su casa –de los que no disponía el cuartel–.

De la misma forma, el comisario Estarellas aparecía identificado en los metadatos, pero lo más relevante a juicio de la Fiscalía es que no quisiera perseguir la filtración después de trascender la existencia del acta notarial. Por ello, en caso de que el Tribunal no considere probado que Estarellas facilitó sus preguntas, el fiscal pide que se le condene por omisión del deber de perseguir delitos.

La Fiscalía también ha combatido la petición de nulidad por el origen de la investigación, sosteniendo que la escritura notarial fue obtenida de forma legal por la Guardia Civil.

CONDENAS DE UN AÑO Y MEDIO DE CÁRCEL Y 12 DE INHABILITACIÓN

Con todo ello, Anticorrupción ha mantenido así su petición para la excúpula policial y los dos opositores, con condenas de un año y medio de cárcel e inhabilitación de hasta 12 años para el ejercicio de cargos públicos, por delitos de revelación de secretos, prevaricación y omisión del deber de perseguir delitos.

La Fiscalía también ha solicitado anular el ascenso a oficial y la obtención de plaza de los dos agentes acusados, algo que no hizo anteriormente abarcando todo el proceso “para no perjudicar a otros posibles aspirantes”. En cambio, ha retirado la acusación contra otro funcionario, Emilio Quetglas.

También han defendido sus informas las acusaciones particulares, el Ayuntamiento de Palma y un abogado de dos aspirantes que no obtuvieron plaza. Éste último, que se reserva acciones civiles y administrativas para reclamar indemnizaciones y la nulidad de las oposiciones, ha mantenido que Calvo, Vera y Estarellas “decidieron de mutuo acuerdo alterar de forma fraudulenta el resultado del concurso” para beneficiar a Mas y Adrover, aprovechando “su posición y jerarquía” en el cuartel.

El juicio continuará el próximo lunes con los informes de las defensas y el turno de última palabra.