La Fiscalía Anticorrupción ha rebajado su petición de condena para el empresario Miguel Pascual y los policías locales y el funcionario municipal acusados de aceptar sobornos, al introducir en su escrito una atenuante de dilaciones indebidas por el retraso en la tramitación de la causa.

El fiscal Juan Carrau ha defendido, en su informe final, que hay prueba suficiente para declarar demostrado que Pascual “ofrecía dádivas y beneficios a determinados funcionarios” desde sus locales en la Playa de Palma –bebidas y servicios sexuales gratis–; y que aquellos, como “recompensa”, tenían con él un “trato de favor” dentro de sus funciones.

El Ministerio Público, que originalmente solicitaba cinco años de prisión para el empresario, pide ahora cuatro años de cárcel por cohecho activo. Rebaja igualmente la multa, de 60.000 a 54.000 euros.

Del mismo modo, el nuevo escrito del fiscal rebaja en seis meses su petición de cárcel para los policías y el funcionario. Así, la petición se queda en cuatro años de prisión, y la multa en 43.200 euros, para cada uno; además pide todos una inhabilitación de nueve años y medio para empleo público –para el subinspector añade otros diez años por prevaricación administrativa continuada–.

La Fiscalía plantea dos peticiones subsidiarias en caso de que la Sala considere que los hechos no se ajustan al tipo penal del delito planteado; así, como segunda posibilidad pide condenas de tres años de cárcel y como tercera, de nueve meses.

Además, Anticorrupción pide deducir testimonio contra dos testigos, los antiguos encargados del Bierkönig y el American Table Dance. Al primero lo acusa de mentir y al segundo de haber prestado una declaración “incompleta” y renuente.