La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha defendido este martes la supresión de la Comisión Balear de Medio Ambiente porque la considera un órgano que genera inseguridad jurídica.

“Se ha acabado la injerencia política en las decisiones técnicas”, ha lanzado Vidal a la oposición, reprochándoles su “urbanismo a la inversa”, al hilo de una pregunta en la sesión de control al Govern durante el pleno del Parlament.

Vidal ha sotenido que las decisiones políticas deben hacerse en la “fase previa” de elaboración de normativa, pero una vez aprobada “los procedimientos deben ser reglados y basados en los criterios de los técnicos”. “Cuando no pasa eso, los ciudadanos no tienen ninguna certeza de lo que sucederá con sus proyectos”, ha dicho, acusando al Ejecutivo progresista de “jugar con el patrimonio y los derechos” de los baleares.

La consellera ha añadido que Baleares es “la única Comunidad que mantiene esta estructura”, y ha insistido en que “no se eliminará ni una sola garantía ambiental”. “Si un proyecto cumple o no serán los técnicos, y no los políticos, quienes decidan”, ha rematado, anticipando que habrá más medidas de simplificación administrativa.

Los diputados de MÉS y PSIB han criticado la decisión del Govern de suprimir este órgano y se han preguntado “a quién beneficia”, sugiriendo que favorece al director general de Coordinación y Transparencia, Jaume Porsell, en relación a la polémica del agroturismo de Andratx.

En este sentido, el diputado de MÉS Ferran Rosa ha afeado a Vidal que omitiera que “los únicos que tienen que pasar la evaluación ambiental son los grandes proyectos o los que se ubican en espacios protegidos”. “¿Simplificar trámites para quién?”, se ha preguntado, recalcando que “media Mallorca ya está destruida y sin agua”.

Por su parte, la diputada del PSIB Pilar Carbonero ha razonado que Vidal estaría “acusando de prevaricación a los técnicos” con sus afirmaciones.

“Se excusan en la simplificación para acabar eliminando participación, garantías ambientales y transparencia”, ha dicho la socialista, que ha calificado el decreto de “depredación administrativa”. La diputada también ha recomendado al Govern que si quiere agilizar tramitaciones “ponga más personal”.