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Porsell niega haber mentido, dice ser “víctima del retraso de la administración” y afirma que su cese fue consensuado

por Redacción Mallorca Informa | 25 Abr, 2024 | Actualidad, Destacadas, Islas Baleares, Política

El exdirector general de Coordinación y Transparencia del Govern, Jaume Porsell, ha negado este jueves haber mentido en la declaración responsable de su agroturismo, sino que ha sido “víctima del retraso de la administración”, según expresa en un comunicado en el que asegura que su cese fue consensuado.

Porsell ha remitido a este medio una carta en la que insiste en que ni él “ni nadie” de su familia “ha mentido, falseado ni defraudado nunca en ningún documento”.

Con esto se refiere a la declaración responsable de inicio de actividad turística (DRIAT) presentada en septiembre. Este miércoles el conseller de Turismo del Consell de Mallorca, José Marcial Rodríguez, informó de que se levantó acta de inspección al agroturismo porque incumplía los requisitos de la DRIAT, que implica declarar que se cuenta con todos los papeles en regla.

“Consta en la DRIAT la solicitud de cambio de uso y, por este motivo, al no tener la licencia definitiva no he ejercido en ningún caso la actividad. Absolutamente nadie ha pernoctado en el establecimiento”, ha recalcado Porsell, que pretende “defender en todo momento y ante todo la honestidad, honorabilidad e integridad” de su familia.

En este sentido, el ex alto cargo ha asegurado que han sido “víctimas del retraso de la administración”: “Hemos esperado 22 meses para obtener la licencia cuando la Ley contempla que se tiene que conceder en tres meses, y ahora estamos esperando el cambio de uso desde hace 11 meses cuando la Ley contempla dos meses”.

Porsell ha reiterado que “el expediente del agroturismo es impecable” y “total y absolutamente legal”.

Con todo, tras la comparecencia de Rodríguez la Conselleria cesó a Porsell como director general de Coordinación y Transparencia por “la infracción detectada con la presentación de la declaración responsable”, considerando que “supone una circunstancia incompatible con la continuidad en su cargo”.

Según Porsell, su cese “se ha hecho de forma consensuada tanto con la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas”, Maria Antònia Estarellas, “como con la presidenta del Govern”.

“Mi único error ha sido aceptar en su momento un alto cargo en el Govern, porque ha convertido en un tema político la tramitación del expediente de mi negocio familiar, que nada tiene que ver con mi función como director general”, se ha lamentado, recordando que desde las primeras informaciones mostró su “disponibilidad para comparecer en el Parlament para poder dar cuantas explicaciones y aclaraciones fueran necesarias y oportunas”.

El comunicado finaliza expresando, en nombre propio y en el de su familia, “la infinidad de muestras de apoyo” que están recibiendo.

El Consell confirmaba este miércoles que inspectores de Turismo visitaron el agroturismo Sa Vinya tras adquirir relevancia mediática la semana pasada, y, si bien constataron que estaba cerrado y sin actividad, levantaron acta por incumplir los requisitos de la declaración responsable presentada en septiembre; “acta que en su momento se dará traslado a sanciones”, según el conseller.

El departamento de ordenación había decidido no inscribir el agroturismo con número de matrícula en el Registro Oficial de Empresas Turísticas al detectar falta de documentación: el certificado de compra de plazas, licencia de actividad del Ayuntamiento y cambio de uso aprobado. El 3 de octubre presentó la compra de plazas y el 1 de diciembre el certificado con el primer plazo pagado.

El conseller indicó también que antes de la visita de los inspectores, cuando ya había trascendido la noticia, se hizo un intento de reserva “en el canal donde estaba publicado” y comprobaron “que no se podía hacer”.

La oposición llamó la atención sobre que el agroturismo se ofertaba en Booking y que existía señalética oficial del Ayuntamiento y de Carreteras indicando la ubicación del establecimiento. También se preguntan cómo pudo ejecutar la compra de plazas teniendo en cuenta la moratoria en vigor y “si la edificación que tenía estaba catalogada como una vivienda, porque no disponía del cambio de uso tramitado”, expresaba la socialista Catalina Cladera.

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