El exgerente del Ibetec, a juicio este viernes por agresión sexual, atentado contra la autoridad y lesiones

El exgerente de la Entidad Pública Empresarial de Telecomunicaciones e Innovación (Ibetec) Juan Antonio Serra Ferrer afronta este viernes el juicio por presuntos delitos de agresión sexual, lesiones y atentado contra la autoridad.

La encargada de juzgar el caso será la juez Juana Arbona, tras apartarse Ana María Camaselle alegando vínculos de amistad con el investigado y posibles testigos.

En mayo de 2022 una mujer denunció a Serra por presuntamente intentar besarla y lamerle la cara en un local de ocio de Palma. También se le juzgará por un puñetazo a uno de los policías que lo detuvo.

La Fiscalía pide para Serra una pena de tres años y tres meses de cárcel, así como una orden de alejamiento a 300 metros en favor de la víctima por cinco años, así como el pago de indemnizaciones de 2.360 euros para la mujer y 540 euros para el policía.

Por su parte, el agente, asistido por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) pide cinco años de cárcel por atentado y lesiones. El sindicato ha reivindicado su “política de tolerancia cero ante las agresiones a policías” incidiendo en que atacar a un agente “no puede salir gratis”.

DESCARTÓ UN ACUERDO PROCESAL

Cabe recordar que Serra descartó de plano un acuerdo procesal con las acusaciones, lo que hubiera implicado reconocer su culpa a cambio de obtener una rebaja en las condenas y evitar la celebración del juicio haciéndose en su lugar una breve vista. La defensa rechazó esta posibilidad puesto que niega la versión de las acusaciones.

El escrito de defensa plantea que en el momento de los hechos el acusado había consumido bebidas alcohólicas y solicita una atenuante por ello, así como otra atenuante de reparación del daño por compensaciones económicas consignadas para la denunciante.

El caso supuso su destitución del cargo que ocupaba dentro de la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación. La apertura de juicio oral contra Serra puso en el foco político al vicepresidente, Antoni Costa, que lo había nombrado como cargo de confianza cuando la causa ya estaba en marcha.

Costa acabó pidiendo disculpas al reconocer que se había “equivocado” al nombrarle y apeló a la presunción de inocencia, pero consideró que no era motivo suficiente para presentar su propia dimisión como le pedía la oposición.