Condenado a 12 años de prisión por una violación por sumisión química en Palma

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a 12 años de cárcel a un hombre por una violación por sumisión química en Palma, ocurrida en febrero de 2023 tras conocer a la víctima en un local de ocio.

La sentencia considera probado que el acusado, de 39 años, entabló conversación en un pub de Palma con la víctima, que llevaba horas tomando alcohol, y la invitó a seguir bebiendo. Dentro del local, según la sentencia, añadió a su bebida dos fármacos con efectos somníferos e hipnóticos con el objetivo de anular su voluntad para conseguir mantener relaciones sexuales con ella.

Tras esperar a que hicieran efecto, insistió en acompañarla a su domicilio y allí la violó. Por la mañana la mujer consiguió que se marchara de su casa. Las sustancias químicas en su organismo fueron detectadas a través de un análisis de orina.

En el juicio, el acusado reconoció haber mantenido relaciones sexuales con la víctima pero afirmó que fueron consentidas, y negó tajantemente haberla drogado. Además, suavizó el estado de la víctima aquella noche, asegurando que la mujer sabía lo que hacía.

La víctima, por su parte, expresó que su último recuerdo nítido fue cuando estaba consumiendo alcohol con el procesado y no tenía fuerzas para controlar su cuerpo; insistió en todo momento en que lo que le ocurrió aquella noche no era comparable a estar ebria.

Además del testimonio de la mujer, la sentencia de la Audiencia se apoya en otras declaraciones de testigos. Ratificaron en el juicio el estado de la denunciante cuando se marchó del local con el agresor, así como la falta de interés de la mujer hacia aquel. El tribunal subraya también que el análisis de orina constituye una prueba objetiva que demuestra que fue drogada con sustancias que anulaban su voluntad.

Además de la pena de cárcel, la Audiencia impone una pena de ocho años de libertad vigilada y 20 años de inhabilitación para trabajar con menores, así como una orden de alejamiento en favor de la víctima. Asimismo, el acusado deberá indemnizar con 25.000 euros a la denunciante, que ha estado asistida en el proceso por el letrado Gaspar Oliver.

Los magistrados no se pronuncian sobre la petición de expulsión del condenado, nacional de Honduras, hasta que la sentencia sea firme. Puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJIB).