PSIB y MÉS per Mallorca califican la norma de “decreto de barra libre” y lo consideran “un atentado contra el suelo rústico”

El Consell de Mallorca ha aprobado aplicar la legalización extraordinaria de viviendas en suelo rústico establecida en el decreto ley de simplificación administrativa convalidado por el Parlament el pasado martes.

En concreto, el pleno extraordinario insular de este martes ha aprobado, con los votos a favor del PP, Vox y El PI y los votos en contra de MÉS per Mallorca y PSIB, aplicar la disposición séptima del decreto, que establece la posibilidad de regularizar edificaciones en suelo rústico fuera de ordenación en las que haya prescrito la posibilidad de restablecer de la legalidad urbanística. El plazo para acogerse a la medida será de tres años.

El PP, Vox y El PI han defendido la norma, señalando que se trata de dar una solución a las familias que tienen y viven en casas fuera de ordenación. En esta línea, el conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, ha insistido en que no es “una amnistía”, puesto que la legalización “no es gratuita” e implica condiciones para los propietarios.

Ante las críticas de la oposición, Rubio ha afeado que “ahora cojan la bandera de la protección del territorio”, remarcando que en los últimos ocho años se han construido 3.100 viviendas en suelo rústico autorizadas por el Consell. “Solo son ecologistas cuando están en la oposición”, ha dicho.

En esta línea se ha pronunciado la portavoz ‘popular’, Núria Riera, quien ha insistido en que el decreto pretende dar una solución a miles de familias, en concreto, a más de 30.000 casos en Mallorca que “tienen este problema”. Además, ha reprochado a la oposición que critique pero “no proponga soluciones” a los ciudadanos. “Son ustedes los que han vendido Mallorca”, ha dicho a la bancada de la izquierda.

El portavoz de Vox, Toni Gili, ha considerado también que el decreto ley no implica una amnistía y que busca dar seguridad jurídica a los propietarios. Para Vox, es positivo que los ayuntamientos recauden las tasas no cobradas a las edificaciones que se acojan a la regularización y ha asegurado que “no habrá más casas en suelo rústico”.

El PI ha votado a favor al considerar positiva la medida pero, según ha dicho el portavoz, Toni Salas, el decreto ley es “mejorable” y existen “incongruencias”. Concretamente, ha subrayado que “hay muchas casas” que en su momento adquirieron una licencia vacacional de forma legal y que ahora no se podrán destinar a alquiler turístico.

Por otra parte, ha criticado que el Govern no haya esperado a debatir y tratar el decreto ley en la mesa para el pacto social y político por la sostenibilidad y ha reclamado que las viviendas que prescriban durante los tres años que estará vigente la regularización, puedan adherirse también a la medida.

CRITICAS DE PSIB Y MÉS PER MALLORCA

Por su parte, PSIB y MÉS per Mallorca han mostrado su desacuerdo con la norma, considerando que es “un atentado contra el suelo rústico”. “La norma está hecha a medida para los infractores”, ha criticado el portavoz ecosoberanista, Jaume Alzamora, quien ha calificado la norma de “decreto de barra libre”.

“El ‘happy hour’ del PP solo es para los poderosos y los privilegiados”, ha criticado, insistiendo en que el decreto “aumentará la presión sobre el suelo rústico, favoreciendo la especulación, disparando los precios y dificultando el acceso a la tierra”.

El ecosoberanista ha incidido en el peligro de construir en zonas inundables y ha acusado al presidente insular, Llorenç Galmés, de “temerario e imprudente”.

Asimismo, ambas formaciones han criticado la forma de establecer la norma, reivindicando que las competencias de ordenación territorial son del Consell. Alzamora ha lamentado que la medida se “imponga” desde el Parlament. “Las decisiones de ordenación del territorio se tienen que debatir aquí”, ha añadido.

Según la portavoz socialista, Catalina Cladera, la disposición del decreto que establece esta legalización “es muy genérica y necesita concreción”. En esta línea, ha considerado que los criterios concretos los tendría que marcar al Consell.

El PSIB está estudiando interponer un recurso contencioso administrativo y, además, Cladera ha pedido la retirada del punto del orden del día, alegando la “necesidad” de disponer de informes de los técnicos del Consell. “Es una vergüenza el daño que le están haciendo a esta tierra”, ha sentenciado.

DECRETO LEY

El conseller insular de Territorio ha expuesto que la legalización implica condiciones para los propietarios, por ejemplo, que en las licencias que se otorguen para la legalización de inmuebles fuera de ordenación debe hacerse constar expresamente la prohibición de destinar el inmueble a la comercialización turística. Así, obliga a inscribir esta prohibición de alquiler turístico en el Registro de la Propiedad.

Asimismo, se exigirá un proyecto técnico de legalización, la solicitud de licencia y medidas de carácter ambiental que supongan la reducción de la contaminación lumínica, un incremento de la eficiencia energética y la instalación de sistemas de depuración de agua.

Además, los propietarios que opten a la legalización de una edificación fuera de ordenación deben abonar las tasas correspondientes y una prestación económica a su respectivo ayuntamiento. Unos fondos que obligatoriamente deben destinarse a la adquisición, la recuperación, la protección y la gestión sostenible de espacios y de recursos naturales o a la dotación del patrimonio municipal de suelo.

La norma implantada este martes por el Consell de Mallorca prevé toda una serie de excepciones donde no se permite la legalización, entre ellas, las edificaciones, construcciones o instalaciones que, de acuerdo con el planeamiento vigente, queden sujetas a expropiación, cesión obligatoria y gratuita o derribo o que estén situadas en el dominio público.

El proceso de legalización extraordinario en suelo rústico comenzará cuando se publique en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB) el acuerdo adoptado en este pleno.