El Consell de Govern ha acordado este viernes autorizar a la Abogacía de la Comunidad Autónoma para que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de amnistía aprobada el pasado 30 de mayo en el Congreso de los Diputados.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern, el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha recordado que al día siguiente de la aprobación ya se encargó a la Abogacía que estudiara la posibilidad de recurrir la norma.
De esta manera, el Ejecutivo autonómico da un paso más para la presentación del recurso, que se comenzará a redactar para interponerlo antes de que acabe el plazo de tres meses desde la publicación en el BOE, que tuvo lugar el pasado 11 de junio.
Baleares cree que la ley “vulnera el principio de separación de poderes”, pilar del Estado de Derecho, ya que “vulnera de manera flagrante la atribución exclusiva a los jueces y tribunales del ejercicio de la potestad jurisdiccional, priva de efectos a las sentencias y posibilita que las Cortes Generales puedan suplantar al Poder Judicial en sus funciones, y considera antijurídica la legislación que en su día fue aplicada por los tribunales de justicia, borrando con efecto retroactivo delitos que estaban vigentes cuando el poder judicial los aplicó”.
Asimismo, remarca que la Ley de amnistía “es contraria al principio de interdicción de la arbitrariedad garantizado en el arte. 9.3 de la Constitución”.
La Abogacía de la Comunidad reitera también que “la Ley de amnistía no tiene cabida dentro del marco constitucional vigente, porque vulnera el principio de igualdad del arte. 14 CE y el artículo 20 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”.
“La Ley de amnistía reconoce un privilegio a unos ciudadanos por el solo hecho de haber realizado las conductas generadoras de esta responsabilidad en una comunidad autónoma determinada”, sostiene, al tiempo que señala que “se trata, por lo tanto, de un privilegio del cual no pueden disponer ni pueden aspirar el resto de ciudadanos españoles ni, obviamente, los residentes en Baleares”.
Como parte integrante de los poderes del Estado, los poderes públicos de las Islas tienen que velar por el cumplimiento de las prescripciones y del espíritu de la Constitución. Por eso, el Govern está legitimado para recorrer aquellas leyes del Estado qué no sean compatibles con los valores expresados en la Constitución.
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