Comité de Baleares de Unicef ha calculado que alrededor de 15.700 menores del archipiélago –un 7,6%– residen en hogares con carencias materiales y sociales severas.
Estas son algunas de las cifras que se han analizado en la jornada ‘Vivienda, pobreza y derechos de la Infancia’, que se ha celebrado este viernes en el Parlament.
Esta situación provoca que el 18,1% de los hogares en los que viven menores tienen retrasos relacionados con la vivienda o la compra a plazos y el 15,7% no puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.
Asimismo, también se refleja que el 13,9% de los menores vivienda en hogares que sufren una sobrecarga de gastos destinados a la vivienda, respecto al total de la población de Baleares este porcentaje representa el 10,6%.
Esto se debe, entre otras cuestiones, a que el porcentaje de salario que implica el pago de la cuota hipotecaria es del 39,7%, cuando no debería superar el 30% según lo que recomiendan los organismos internacionales como la ONU. Por su parte, el 3,6% de los menores de Baleares se encuentra en una situación de privación severa de vivienda.
Uno de los aspectos que resalta Unicef sobre la vivienda en Baleares es que poco más del 2% son VPO –algo más de 9.700 frente las más de 450.000 que hay en el archipiélago–.
Esta jornada ha comenzado con la presentación del especialista en política de infancia de Unicef España Gabriel González-Bueno de las conclusiones del informe ‘Yo también vivo aquí: vivienda, pobreza y derechos de la infancia’.
El representante de Unicef España ha indicado que el 1,7% de los menores de 16 años en España no tienen un lugar adecuado para estudiar pero este dato se eleva al 4,2% entre el quintil más pobre de la población.
No obstante, González-Bueno ha señalado que le “sorprende” este porcentaje tan bajo y ha apuntado que estos datos se han extraído en base a una encuesta realizada a los padres por lo que ha pronosticado que quizás los datos cambiarían si se preguntara a los propios niños. Otro de los datos que ha resaltado es que el 50% de la población chabolista en España es menor de edad.
Esta situación deriva en una serie de impactos sobre la salud física, mental y la educación de los menores. En cuanto a la salud física, la inestabilidad y el hecho de habitar viviendas precarias les genera enfermedades crónicas y aumenta el riesgo de accidentes en el hogar.
Por lo que se refiere a su estado mental, las mudanzas forzosas a las que se ven abocados los menores por impagos relacionados con la vivienda o la incertidumbre que de esto se deriva, les hace más vulnerables a la hora de poder ser víctimas de abusos, puede derivar en casos de depresión, un deterioro de su capacidad de sociabilización y, en última instancia, provocar estigma y marginación.
En cuanto a la educación, la falta de espacio en el hogar, las humedades o la poca luz pueden mermar el rendimiento académico y fomentar el absentismo escolar.
González-Bueno ha señalado que toda esta situación se ha generado por la escasa oferta de vivienda pública al promoverse durante años la vivienda en propiedad. Asimismo, ha criticado que buena parte de la vivienda pública se haya podido privatizar a la postre y ha reivindicado que la vivienda pública mantenerse en este régimen siempre.
Para acabar, el representante de Unicef ha planteado una reflexión sobre el uso del término desahucio, que es conocido y empleado habitualmente, pero ha remarcado que existe el término ahuciar que significa dar esperanza, por lo que desahuciar vendría a equivaler a que cuando a alguien “le quitan la vivienda, le quitan la esperanza”.
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