El grupo de Vox en el Consell de Mallorca presentará en el pleno ordinario del mes de diciembre de la institución insular, que se celebrará el próximo jueves 12, una moción para apoyar la implementación de pruebas dentales para determinar la edad de los inmigrantes que lleguen en pateras a las costas del archipiélago.
Según ha informado el partido en un comunicado, con esta iniciativa buscan secundar la propuesta realizada por su grupo en el Parlament, que pidió al Govern la puesta en marcha de esta medida para certificar que los menores inmigrantes no acompañados que son acogidos por los servicios sociales realmente tienen menos de 18 años.
A juicio del portavoz de Vox en el Consell, Toni Gili, “la infiltración de adultos que se hacen pasar por menores de edad, aprovechando las lagunas del sistema actual, representa un abuso inaceptable de los recursos públicos destinados exclusivamente a proteger a menores en situación de vulnerabilidad”.
“Este fraude, además de saturar las infraestructuras, pone en riesgo la seguridad de los menores reales, así como la estabilidad social en Baleares”, ha sostenido Gili, quien ha asegurado que los servicios sociales y de tutela en el archipiélago –que dependen de los consells insulares– están en situación de “colpaso“.
Los de Santiago Abascal han considerado que la implementación de este tipo de pruebas médicas “exhaustivas y precisas” es un “paso imprescindible” para prevenir que personas adultas “se beneficien de las ventajas y derechos reservados a los menores”.
Además, han defendido que este procedimiento es legal y técnicamente viable, así como “moralmente necesario” para garantizar la “equidad y justicia en la gestión migratoria”.
Esta medida fue planteada por el grupo parlamentario de Vox a cambio de su apoyo a los presupuestos de 2025 hace unas semanas, a lo que el PP y el Govern dieron el visto bueno.
Estas pruebas, así como las óseas, que se emplean de forma más habitual para determinar si los inmigrantes indocumentados realmente son menores de edad, debe solicitarlas la Fiscalía. Ambas, según dijo la presidenta del Ejecutivo autonómico, Marga Prohens, ya están a disposición del Ministerio Público y lo que se pretende es que las dentales estén a su disposición de forma “permanente”.
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