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Apoyo europeo a España por la multa a aerolíneas «low cost»

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27/06/2018 Avión de easyJet, en una imagen de archivo. ECONOMIA ESPAÑA EUROPA EASYJET
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El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha recibido el apoyo de organizaciones de consumidores de 31 países europeos por la multa de 179 millones a cinco aerolíneas ‘low cost’ –Ryanair, Vueling, Easyjet, Norgewian y Volotea– que cobran por el equipaje de mano, entre otras prácticas consideradas “abusivas”.

El ministro del área, Pablo Bustinduy, lo ha manifestado de esta forma este mismo jueves, cuando se ha reunido con la Organización Europea de Consumidores (BEUC, por sus siglas en francés), representada por su director general, Agustín Reyna, que aglutina a 44 asociaciones de 31 países que apoyan al Gobierno de España en su lucha contra las prácticas “abusivas” de estas compañías.

Bunstinduy ha agradecido el apoyo del BEUC y ha añadido que cada vez se suman más denuncias en países europeos por este tipo de prácticas, lo que denota la “preocupación creciente” que hay en el continente sobre la defensa de los consumidores.

España lidera la defensa de los consumidores

“En ocasiones hay actores muy poderosos que han intentado transmitir la imagen de que estábamos solos”, ha declarado el ministro a los medios de comunicación, algo que ha desmentido al demostrar el apoyo de estas 44 organizaciones. Así, ha declarado que desde su Ministerio están “trabajando para que las instituciones dejen de proteger más a las empresas que a los consumidores”.

En concreto, para el titular de la cartera de Consumo, es imprescindible que los derechos de los consumidores estén protegidos por las instituciones, mientras que ha declarado que “no se pueden proteger los intereses económicos de las grandes multinacionales por delante de la ciudadanía”.

Por ello, ha dicho que España ha sido el primer país en actuar, pero no será el único, ya que hay otros países donde se están abriendo procesos similares, a los que apoya y ofrece su colaboración para compartir su experiencia.

Reunión en la sede de la OCU y reacciones

En esta línea, Bustinduy ha dicho que España está “liderando un cambio de tendencia” para que las relaciones de consumo sean “más democráticas, justas y transparentes”.

“Las empresas no pueden violar sistemáticamente los derechos del consumidor con impunidad”, ha asegurado, y ha reiterado que las acciones emprendidas por el Ministerio tienen como objetivo trasladar el mensaje de que “ninguna empresa, por grande o poderosa que sea, está por encima de la ley”.

Por su parte, Reyna ha aprovechado la ocasión para pedir a la Comisión Europea que se mantenga del lado de los consumidores “frente a las empresas que abusan de los consumidores y violan el derecho europeo”.

50 años de la OCU y proceso judicial en curso

Además, ha destacado “la importancia que tiene la política de defensa de los consumidores como eje central del desarrollo del mercado único europeo”.

Todo ello se ha producido en la reunión de la ejecutiva de BEUC, que se ha celebrado en la sede de la OCU con motivo del 50 aniversario de la entidad española.

La directora de comunicación y relaciones institucionales de OCU, Ileana Izverniceanu, ha recalcado que OCU está trabajando para lograr “que quienes han sido víctimas de abusos por parte de las aerolíneas puedan ser indemnizados”, para lo que ha puesto en marcha un pleito testigo para reclamar la devolución por equipaje de cabina de Ryanair.

Denuncias, recursos y futuro de la sanción

Por esta razón, durante la reunión ejecutiva del BEUC se han tratado las denuncias interpuestas por asociaciones de consumidores de diferentes países frente a las prácticas abusivas de las aerolíneas ‘low cost’, y se han valorado nuevas acciones para promover que estas infracciones sean sancionadas y dejen de llevarse a cabo en la Unión Europea y en los diferentes países que forman parte del continente.

La sanción ha sido recurrida por las aerolíneas, quienes las tachan de “ilegales”, y no se espera que la resolución se dé antes de mayo. De salir favorables a la posición del Gobierno, además de abonar el importe, las compañías estarán obligadas a dejar de ejecutar estas prácticas, entre las que se encuentran cobrar por el equipaje de mano o por reservar asientos contiguos si se viaja con un menor o con una persona dependiente.

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