El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha respondido a la propuesta de MÉS per Mallorca de que el Govern intervenga en la compra por tanteo y retracto de 21 pisos en el municipio de Sa Pobla, que esta operación “no estaría dentro, por el momento, y con la información de la que se dispone, de los supuestos que prevé la ley para realizar una compra por tanteo y retracto”.

Así se ha pronunciado el conseller José Luis Mateo este martes, durante la sesión de control al Govern en el pleno del Parlament, donde ha asegurado que el Ejecutivo autonómico ya ha adquirido más de 35 viviendas por tanteo y retracto “y comprará más siempre que sea posible, dentro de los cauces y los límites que marca la ley”.

En este sentido, ha aclarado que el que el Govern no intervenga en la compra de los 21 pisos en Sa Pobla “no es una cuestión de voluntad política” sino de “si la ley lo permite o no, una ley de vivienda de 2018, aprobada por el Pacte“, de modo que “en ningún caso” las políticas de este Ejecutivo autonómico buscan la especulación”.

Supuestos legales y limitaciones del tanteo y retracto

Este Govern, al igual que el resto de administraciones, ha reivindicado Mateo, lo que hace es “luchar para que no haya especulación con la vivienda”. Por ejemplo, “persiguiendo, como ha comentado el conseller de Turismo, el alquiler turístico ilegal para que esas viviendas puedan destinarse, además, entre otras cosas, al alquiler residencial”. Pues, “somos muy conscientes de que necesitamos más vivienda a precios asequibles”.

No obstante, en lo relativo a intervenir en la compra de los 21 pisos de Sa Pobla, Mateo ha explicado que para poder intervenir el Govern por tanteo y retracto “la compraventa ha de ser entre grandes tenedores”, lo cual no ocurriría en este caso, donde “el vendedor es un gran tenedor, pero el comprador no”, según ha detallado, y, por lo tanto, “al no ser una compraventa entre dos grandes tenedores, no debía notificarse y el Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) no tenía por qué darse por enterado de esta operación”.

Así mismo, ha continuado el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, otro de los supuestos para que pudiera intervenir el Govern “es la venta del dominio de la totalidad de un inmueble que tenga más de una vivienda siempre que haya al menos una arrendada y, en este caso, se han vendido 21 pisos de los 22 que conforman el inmueble de Sa Pobla y uno ya es propiedad de un particular”.

Revisión de criterios y casos en Alaior y Maó

Por lo tanto, el Govern “seguirá estudiando, comprobando, recabando información y trabajando” sobre las operaciones en las que sea posible intervenir en la compra por tanteo y retracto, “cumpliendo la ley y siempre pensando en los ciudadanos de Baleares“.

De hecho, según ha apostillado, “para ampliar el abanico de casos objeto de tanteo y retracto, el Govern ha modificado un criterio, el que se refiere al estado de conservación del inmueble y a la estimación del coste de la reforma”. Una decisión que, ha incidido, “se ha tomado para que se pueda aprobar la adquisición de viviendas protegidas que requieran de una reforma cuyo coste estimado sea de hasta el 25 por ciento del precio de la compra-venta”.

Mateo ha respondido así a las críticas del diputado de MÉS per Mallorca Ferran Rosa, quien ha denunciado que “en Mallorca suben los precios porque hay quienes especulan con la vivienda y porque el Govern, en vez de ponerle remedio, les pone una alfombra roja”.

También, a los reproches de la diputada del PSIB Carol Marqués, quien le ha recriminado que “la primera acción de su Govern fue volver atrás la operación de tanteo y retracto de los 88 pisos de Metrovacesa, al considerarlos demasiado buenos para los residentes de estas islas, eligiendo asegurar el negocio a los fondos buitre y dedicarlos a segundas residencias de extranjeros” así como que se negaran a ejercer tanteo y retracto en 103 viviendas de Alaior y Maó.

Subastas judiciales, Sareb y decreto 3/2025

Precisamente, en relación a unos pisos de la Sareb en Alaior y Maó, el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad ha explicado que se trata de un caso “similar” al de Sa Pobla “aunque con la diferencia de que ambos han sido objeto de subasta y de procedimiento judicial y porque hay familias viviendo en esos pisos”.

“En este caso, o en caso de subasta, tal y como nos indican los técnicos, no se contempla en la ley de vivienda que el Ibavi pueda ejercer el derecho de tanteo y retracto, ni que un juzgado esté obligado a notificar dicha subasta”, ha aclarado.

Además, ha añadido Mateo, “también hay una cuestión a tener en cuenta” y es que “el Ibavi lo que plantea es la compra de viviendas vacías, para que los inquilinos puedan acceder a ellas, de manera que tampoco sería una solución para las familias, que lo que esperan es una solución que garantice que puedan seguir viviendo en esos pisos”. “Y eso es lo que plantean a la Sareb los alcaldes de ambas localidades, de distinto partido, por cierto, que sea esta sociedad estatal quien mantenga los contratos de los vecinos”.

De hecho, según el conseller, “lo que sería esperado y deseable es que el Gobierno asumiera la gestión de estos pisos a través de la nueva empresa pública de vivienda anunciada por Pedro Sánchez y que, según dijo, pasaría a gestionar las miles de viviendas de la Sareb“.

Críticas políticas y gestión de suelo

Mateo ha dado estas explicaciones también a la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, quien no se ha mostrado “convencida” y le ha afeado que “tiene una actuación negligente como conseller de Vivienda” porque “en 2022, el registro de demandantes de vivienda pública de Menorca tenía 441 personas, y, dos años después, cuando ya gobernaba el PP, a finales del año pasado, se ha doblado la cifra”.

Así mismo, el conseller se ha referido al decreto 3/2025, de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante proyectos residenciales estratégicos en el municipio de Palma, para dejar claro que las viviendas de protección pública que se construyan de acuerdo con éste y los de precios libres que estén vinculados a él “deberán hacerse de manera simultánea o, en todo caso, los de protección deberán empezar antes que los de precio libre”.

Mateo ha contestado de este modo al diputado del PSIB Damià Borràs, quien le ha afeado este decreto 3/2025, al que se ha referido como el del “pelotazo”, que suma “la figura tramposa de las viviendas de protección pública” que “servirá para hacer subir todavía más el precio de la vivienda por parte de los especuladores habituales”.

Reuniones con sectores y conclusión del conseller

Finalmente, y siguiendo con el decreto 3/2025, el conseller de Vivienda ha defendido “reunirse con todos los ciudadanos y con todos los sectores afectados” por la problemática de la vivienda “para tratar de buscar soluciones” a la misma.

Mateo ha respondido así a la diputada socialista Mercedes Garrido quien le ha acusado de haberse reunido con miembros de la Asociación Empresarial de Promotores Inmobiliarios (Proinba), entidad que “en 2022 hizo llegar un informe al Govern donde decía que tenía solares, para comenzar a construir mañana, para hacer 11.000 viviendas, 9.000 en Palma y el resto en el resto de Mallorca, que es evidente que no han construido, y ahora ustedes, a pesar de tener todo este suelo vacante, les dejan acumular más suelo, porque favorecen la urbanización sin haber construido todo el suelo vacante que tienen”.

El conseller ha considerado “absolutamente fuera de lugar” estas acusaciones y ha concluido que “esta Conselleria se ha reunido con todo el sector, con asociaciones, colegios profesionales, y con afectados por la hipoteca y por la ‘okupación’, y desconoce qué solares tienen”. “Nosotros miramos por el interés de Baleares, esto es lo que tiene que quedarle absolutamente claro”, ha concluido.