Este miércoles 26 de marzo, profesionales veterinarios de todo el país se concentraron frente a delegaciones y subdelegaciones del Gobierno para denunciar el impacto del Real Decreto 666/2023 y otras normativas recientes que, según el sector, suponen un grave retroceso en sus competencias y en la calidad de la atención sanitaria animal.
La jornada de protesta, celebrada este miércoles reunió en Palma a más de 200 veterinarios que exigieron la defensa del bienestar animal y de su papel clave en la salud pública. “Estas leyes comprometen nuestra capacidad de actuar de forma eficaz y ponen en peligro la seguridad alimentaria”, señalaron los convocantes a través de un comunicado conjunto.
Rechazo unánime a decisiones políticas que afectan al sector
Las organizaciones profesionales convocantes —entre ellas VetWarriors, CEVE, Vets Unidos, CONEVET y FESVET— denunciaron que las nuevas disposiciones legales menoscaban años de formación, esfuerzo y compromiso. Subrayaron además la falta de reconocimiento institucional hacia una profesión considerada esencial.
Durante las concentraciones, los manifestantes expresaron su rechazo a la normativa y pidieron el apoyo de la ciudadanía. “La veterinaria es una profesión imprescindible y no puede ser ignorada”, reclamaron, recordando que su labor va mucho más allá del cuidado de mascotas, abarcando la sanidad animal y la protección de la salud humana.
Llamamiento al cambio y a la unidad del sector
Los organizadores destacaron que la unión del colectivo ha sido clave para visibilizar el problema. Reclamaron una revisión urgente de las medidas legislativas, así como un diálogo real con los profesionales del sector para garantizar una regulación que respete su labor y mejore el bienestar animal.
La movilización de este 26 de marzo dejó claro que los veterinarios no están dispuestos a aceptar reformas que limiten su papel en la sociedad. La participación fue calificada por las asociaciones como “una muestra de fuerza y compromiso con la profesión”.
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