El Govern de les Illes Balears, a través de la Conselleria d’Educació i Universitats, realizará una aportación extraordinaria de 818.058,51 euros a la Universitat de les Illes Balears (UIB) para la contratación de 25 nuevos profesores ayudantes doctores durante el año 2025. Esta medida responde a la reducción de capacidad docente provocada por la entrada en vigor de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

La aplicación de la LOSU ha supuesto una disminución de 42.840 horas docentes anuales en la UIB, el equivalente a la carga de trabajo anual de todo el profesorado de las ingenierías, matemáticas y medicina de la universidad.

El Estado sólo financia una parte de las contrataciones

En noviembre pasado, la Conselleria d’Educació i Universitats, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la UIB firmaron el convenio del Programa de Incorporación de Talento Docente e Investigador, conocido como Programa María Goyri. A través de este acuerdo, el Ministerio financia durante seis años la contratación de 28 nuevos profesores ayudantes doctores.

La Comunidad Autónoma de las Illes Balears (CAIB) asume, con fondos propios, la contratación de los 210 profesores restantes necesarios para cubrir el déficit generado por la LOSU. La CAIB se compromete, además, a estabilizar estas plazas para garantizar la continuidad del personal docente.

Compromiso del Govern con el sistema universitario público

Esta aportación extraordinaria es el primer paso para dotar a la UIB de los recursos humanos necesarios para mantener la calidad de la docencia y la investigación. Cada año se prevé destinar nuevos fondos autonómicos con el fin de contratar el profesorado adicional requerido para paliar progresivamente los efectos de la LOSU.

En este sentido, el Consell de Govern ya autorizó el 9 de mayo un expediente de gasto por importe de 1.572.577,23 euros destinado a cubrir el incremento retributivo de los profesores ayudantes doctores.

La Conselleria d’Educació i Universitats reafirma su compromiso con la calidad del sistema universitario público y la mejora de las condiciones laborales del personal docente e investigador, mientras continúa exigiendo al Gobierno de España que asuma el impacto económico derivado de la LOSU, tal como establece la Ley de financiación de las comunidades autónomas.