La saturación del sistema de tutela supera el 1.000% y el Ejecutivo anuncia acciones legales contra los últimos decretos estatales
El Govern de les Illes Balears ha solicitado formalmente al Ministerio de Infancia y Juventud acogerse a la figura de contingencia migratoria, con el objetivo de paralizar el traslado de menores migrantes no acompañados procedentes de otras comunidades autónomas. La petición se ha realizado mediante un escrito firmado por la vicepresidenta y consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas.
La solicitud llega en un contexto de presión sin precedentes sobre el sistema de protección de menores. En los primeros ocho meses del año, han llegado a las costas del archipiélago 4.895 personas migrantes en situación irregular, de las cuales más de 350 eran menores no acompañados, ahora tutelados por los consejos insulares. Actualmente, las Illes Balears acogen a 694 menores migrantes no acompañados, cuando el Real Decreto 743/2025 fija una capacidad ordinaria de 406 plazas. Esto supone que dos de cada tres menores bajo tutela son jóvenes migrantes y que el sistema está sobresaturado en más de un 1.000%.
Ante esta situación, Antònia Estarellas ha advertido que “la imposición de derivaciones sin apoyo, diálogo ni consenso supondría un riesgo directo tanto para los menores como para la sostenibilidad de todo el sistema de protección”.
Acciones legales ante el Tribunal Supremo y el Constitucional
En paralelo, el Ejecutivo autonómico ha iniciado una serie de acciones legales para defender la viabilidad del sistema de protección insular. Este mismo lunes, la Abogacía de la Comunidad Autónoma ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Decreto 658/2025, de 22 de julio, y se trabaja ya en otro recurso contra el Real Decreto 743/2025, de 26 de agosto. Estas impugnaciones se suman al recurso interpuesto en marzo contra el Real Decreto-ley 2/2025, actualmente admitido a trámite por el Tribunal Constitucional.
El Govern balear subraya que continuará utilizando todas las vías políticas y jurídicas disponibles para garantizar el respeto al principio del interés superior del menor y proteger la sostenibilidad del sistema de tutela en las islas.
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