El magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García, por presuntas irregularidades en contratos de compra de mascarillas durante la pandemia. La medida se toma ante el riesgo de fuga y la gravedad de las penas a las que se enfrentan. Es la primera vez que un diputado nacional en ejercicio, como Ábalos, ingresa en prisión.
La decisión del juez se produce tras sendas vistillas celebradas en el alto tribunal para revisar las medidas cautelares que ambos tenían hasta ahora: prohibición de salida del país, retirada de pasaporte y comparecencias quincenales. Según fuentes jurídicas, el instructor ha atendido las peticiones del jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Alejandro Luzón, y de las acusaciones populares ejercidas por el Partido Popular.
Estas partes solicitaban el ingreso en prisión ante el temor de fuga, dado que los acusados podrían enfrentarse hasta a 30 años de cárcel. El juez considera que el incremento del riesgo hace insuficientes las medidas previas.
Alegatos, declaraciones y defensa
Ábalos fue el primero en llegar al Supremo, solo y con una mochila marrón, antes de la hora señalada. No quiso hacer declaraciones a la prensa pero intervino al final de la vistilla para asegurar al juez que no pensaba huir: “No tengo dinero ni a dónde ir”, declaró visiblemente afectado.
Su defensa, liderada por el abogado Carlos Bautista, argumentó que no existe riesgo de fuga debido a su condición de diputado en activo. También alegó que su ingreso en prisión vulneraría su derecho a la representación política y denunció que esta medida podría tener como objetivo presionarlo para que colabore con la justicia, como hizo el empresario Víctor de Aldama, considerado intermediario de la trama.
Koldo García, por su parte, llegó puntual, acompañado de su abogada Leticia de la Hoz, vestido con ropa informal y cargando una mochila. Su defensa intentó sin éxito devolver la causa a la Audiencia Nacional, alegando la competencia indebida del Supremo. También subrayó su arraigo familiar como garantía de que no huiría.
Declaraciones clave ante el juez Puente
Durante las vistillas, Koldo también intervino para declarar: “No me voy a ir a ningún sitio” y añadió: “Todos tenemos derecho a aprender poco a poco”, frase que fue interpretada por algunos presentes como un reconocimiento implícito de errores.
El fiscal fue especialmente contundente al referirse a Ábalos, señalando que haber formado parte de un Gobierno no lo exime de responsabilidad penal. “Ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal”, afirmó, y añadió: “La Justicia se representa con una venda en los ojos”, para remarcar la imparcialidad con la que debe actuar.
A un paso del juicio
El pasado 3 de noviembre, el juez Puente propuso juzgar a Ábalos, Koldo y Aldama por el supuesto cobro de comisiones a cambio de contratos adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión para la compra de material sanitario en la crisis del COVID-19.
La Fiscalía Anticorrupción solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo, por delitos de pertenencia a organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, malversación y uso de información privilegiada. También pide una multa de 3,9 millones de euros.
Las acusaciones populares, encabezadas por el Partido Popular, elevan su petición a 30 años de prisión para ambos, añadiendo los delitos de prevaricación y falsedad documental. Para Víctor de Aldama, ya en libertad tras colaborar con la investigación, se reclaman 7 años de prisión, atenuados por su confesión.
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