La Plataforma de Psicólogos Clínicos de las Islas Baleares ha presentado una reclamación formal ante el IBSalut por la contratación de profesionales sin la titulación de Especialista en Psicología Clínica para desempeñar funciones asistenciales en Atención Primaria, una decisión que consideran contraria a la legislación vigente y perjudicial para el sistema público de salud.
La normativa estatal establece que las prestaciones del Sistema Nacional de Salud deben ser realizadas por personal legalmente habilitado y con formación sanitaria especializada. Por ello, la incorporación de profesionales sin la especialidad correspondiente supone —según la Plataforma— un incumplimiento del marco legal que regula la organización y el acceso a la sanidad pública.
Desde la Plataforma se insiste en que el respeto a la legalidad “no es una cuestión corporativa, sino un pilar esencial de la sanidad pública”, ya que garantiza una atención basada en criterios homogéneos de calidad, seguridad y formación reglada en todo el territorio nacional.
Críticas a la falta de planificación estructural
Los psicólogos clínicos denuncian que esta medida no soluciona los problemas de fondo que afectan a la atención en salud mental en Baleares, como la falta de planificación de recursos humanos, la escasez de plazas estructurales de especialistas y la insuficiente inversión en formación sanitaria especializada.
En lugar de ofrecer soluciones estructurales, alertan de que se están adoptando medidas coyunturales que generan precariedad organizativa y deterioran la coherencia del sistema. También advierten que estas contrataciones afectan negativamente a la formación de nuevos especialistas al desvalorizar el modelo PIR (Psicólogo Interno Residente) y dificultar la ampliación de plazas necesarias para el futuro del sistema público.
Último paso antes de recurrir por la vía judicial
La reclamación, presentada ante el IBSalut por el letrado Pablo Alonso de Caso, representa el último paso de la vía administrativa antes de recurrir ante los tribunales. La Plataforma sostiene que esta acción busca defender tanto el cumplimiento de la legalidad como los derechos de la ciudadanía a recibir una atención sanitaria especializada.
Por ello, instan al Govern balear a cesar estas contrataciones contrarias a la normativa, reconsiderar la medida y abrir un proceso de diálogo con los profesionales del sector, con el fin de construir un modelo de atención psicológica sustentado en la legalidad, la formación especializada y una planificación estructural adecuada.
La Plataforma reitera su compromiso con una sanidad pública de calidad, así como su disposición a colaborar en el diseño de soluciones sostenibles, ajustadas al marco normativo vigente.
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