La Asociación Patronal de Actividades Náuticas de las Islas Baleares (APANIB) mantuvo esta semana una reunión con el conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente, que la patronal calificó de “constructiva” y necesaria para abrir un diálogo sobre la situación del sector del chárter náutico en Baleares.
El encuentro se celebró en Palma y contó también con la participación del director general de Puertos y Transporte Marítimo, Antoni Mercant, y del gerente de Ports IB, Kiko Villalonga. La reunión tuvo como objetivo principal analizar la incertidumbre que atraviesan muchas empresas del sector tras la entrada en vigor del decreto de chárter náutico en agosto de 2025.
Durante la reunión, el presidente de APANIB, Álvaro Aguirre, expuso las dificultades que afrontan las empresas para adaptarse a los nuevos requisitos normativos, así como los problemas de acceso a rampas y amarres de gestión pública, circunstancias que, según la patronal, impiden la operatividad de gran parte del sector. APANIB representa actualmente a más de 130 empresas afectadas por las últimas modificaciones legislativas.
Avances en puntos de embarque y en la futura Ley de Costas
Uno de los aspectos destacados del encuentro fue la situación de las empresas que no disponen de amarres, boyas o puntos de embarque. Desde la Conselleria se trasladó la voluntad de abordar esta problemática en la futura Ley de Costas, actualmente en tramitación.
Según lo expuesto en la reunión, el nuevo texto legal podría contemplar la obligación de que puertos, marinas y clubes náuticos faciliten puntos de embarque y desembarque, lo que permitiría garantizar la actividad de las empresas de chárter que actualmente carecen de estas infraestructuras.
Diferencias sobre la venta de plazas y voluntad de diálogo
Otro de los asuntos abordados fue la venta de plazas o tickets en embarcaciones de recreo. El vicepresidente de APANIB y fundador de Sailwiz, Álvaro García de Polavieja, trasladó la preocupación del sector por la inseguridad jurídica generada por la prohibición de esta modalidad, que afecta a actividades recreativas, formativas y deportivas que, según la patronal, no constituyen transporte marítimo.
Aunque APANIB y la administración mantienen diferencias en la interpretación de la normativa estatal, desde la Conselleria se mostró disposición a estudiar fórmulas legales que permitan dar encaje a estas actividades tradicionales mediante la venta de plazas.
Inseguridad jurídica y defensa del sector
Desde la patronal se insistió en la urgencia de avanzar en soluciones ante la proximidad de la temporada y la inseguridad jurídica derivada del actual decreto, que ya cuenta con cuatro recursos contencioso-administrativos. APANIB advirtió del riesgo de cierres empresariales y de futuras reclamaciones de responsabilidad patrimonial si no se introducen cambios.
La asociación confía en que este primer encuentro sirva como punto de partida para alcanzar acuerdos que garanticen la continuidad de las empresas de chárter que operan de forma responsable, segura y profesional en Baleares.

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