El Obispado de Mallorca ha emitido un comunicado en respuesta a la información publicada por el Diario de Mallorca, titulada “El Obispado de Mallorca pide el desahucio por lo penal de una familia con menores que okupa el antiguo restaurante de na Burguesa”, en la que se aborda la situación de un inmueble situado en el entorno del santuario del barrio de Génova.
En su nota, el Obispado de Mallorca reitera su “compromiso permanente de ofrecer ayuda a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad”, poniendo a su disposición los recursos y medios de la Diócesis en colaboración con los distintos servicios sociales y otras entidades sociales de la Iglesia. Asimismo, subraya que cualquier actuación en este ámbito se realiza velando por la protección, seguridad y dignidad de las personas atendidas, así como por el respeto a su confidencialidad y privacidad.
La institución eclesiástica precisa que el inmueble al que hace referencia la información periodística es un restaurante en desuso desde hace varios años, situado en el entorno del santuario y propiedad de la Parroquia de la Transfiguración del Señor de Génova.
Un inmueble integrado en un conjunto religioso protegido
Según el comunicado, el local forma parte de un conjunto religioso protegido que incluye un santuario, una capilla y la imagen venerada de la Mare de Déu, constituyendo un lugar de culto y de especial significado espiritual para la comunidad y el vecindario.
El Obispado de Mallorca explica que, en colaboración con los servicios municipales, se viene trabajando en la conservación y preservación de este espacio, así como en el estudio de alternativas que permitan recuperar el uso adecuado del local, conforme a su naturaleza y en coherencia con el entorno religioso al que pertenece.
Desde el momento en que se tuvo conocimiento de la presencia de personas en el inmueble —al que, según el comunicado, accedieron pese a encontrarse debidamente cerrado y delimitado— se estableció comunicación regular con ellas y se ha realizado un seguimiento continuo a través de los servicios sociales diocesanos, con el objetivo de atender su situación con “sensibilidad y responsabilidad”.
Riesgos para la seguridad y actuación judicial
El Obispado de Mallorca sostiene que el inmueble no reúne los requisitos básicos para ser utilizado como vivienda, al carecer de instalaciones sanitarias adecuadas, condiciones estructurales mínimas de habitabilidad y servicios esenciales que garanticen la salud y seguridad de sus ocupantes.
Además, señala que en las inmediaciones existen infraestructuras técnicas, como tendidos y equipos eléctricos de alta tensión y cableados auxiliares, incompatibles con el uso residencial y que pueden comportar riesgos para la integridad física de las personas, especialmente de los menores implicados.
Según la nota, pese a las propuestas alternativas y soluciones ofrecidas de forma reiterada por las autoridades competentes y por los equipos sociales del Obispado, la persona adulta responsable de la ocupación no ha aceptado las opciones de acompañamiento ni de reubicación planteadas.
Ante esta situación, que califica de “indigna”, potencialmente insegura y claramente inadecuada para menores de edad, el Obispado de Mallorca ha decidido recurrir a los cauces judiciales competentes, solicitando la intervención de la justicia para poner fin a una situación que, según indica, carece de garantías y entra en conflicto con las normas de protección y el deber de cuidado hacia los más vulnerables.
La institución eclesiástica concluye que esta actuación no supone una renuncia a su compromiso de ayuda y acompañamiento, y que continuará trabajando junto a los servicios sociales y las administraciones públicas para que las personas afectadas puedan encontrar soluciones dignas y estables, conforme a los principios de justicia, caridad y respeto a la dignidad humana que inspiran la acción de la Iglesia.
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