El Govern plantea adaptar las políticas europeas a la realidad específica de los territorios insulares
La directora general de Relacions Institucionals i de Relacions amb el Parlament, Xesca Ramis, y el director general de Pesca, Antoni M. Grau, han defendido en Bruselas, en representación del Govern de les Illes Balears, que la Unión Europea tenga en cuenta la realidad específica de los territorios insulares en el diseño de las políticas pesqueras y del futuro Marco Financiero Plurianual 2028-2034.
La intervención se produjo en un acto organizado por la Euroregión Pirineus Mediterrània sobre el futuro del Mediterráneo y las políticas europeas para el próximo periodo presupuestario.
Impacto de la insularidad en el sector pesquero
Xesca Ramis señaló que, para los territorios insulares, el mar es una vía de conexión y, al mismo tiempo, un elemento que condiciona la actividad económica. Indicó que la insularidad afecta especialmente al sector pesquero por los mayores costes logísticos y las dificultades añadidas para acceder a servicios esenciales, como el mantenimiento de embarcaciones o determinados equipamientos técnicos.
También advirtió de que los pescadores de las islas afrontan una competencia creciente de productos procedentes de otros mercados con costes de producción más bajos, lo que puede comprometer la viabilidad de la flota artesanal. Por ello, defendió que el futuro presupuesto europeo contemple la insularidad como un factor estructural en el diseño de políticas y mecanismos de apoyo al sector.
Cogestión y revisión del marco europeo
Durante la comparecencia se expuso el modelo de cogestión pesquera desarrollado en las Illes Balears, basado en la participación directa del sector en la toma de decisiones. Este sistema integra a pescadores, administración, científicos y organizaciones ambientales en órganos de gestión compartida con el objetivo de garantizar una gestión sostenible de los recursos marinos.
Actualmente, más del 70 % de la flota profesional balear opera bajo este modelo, que el Govern prevé extender a la totalidad de las pesquerías antes de 2030.
Por su parte, Antoni M. Grau defendió la necesidad de impulsar políticas europeas adaptadas a los retos estructurales de los territorios insulares. Reclamó una discriminación positiva para estas regiones, la simplificación de los procedimientos administrativos y una mayor flexibilidad normativa que permita ajustar la regulación a sus particularidades.
Asimismo, planteó la revisión del Plan de Acción para el Mediterráneo con el fin de garantizar un equilibrio entre los pilares social, económico y ambiental, y orientar los fondos europeos hacia inversiones que refuercen de manera equitativa estas tres dimensiones. También destacó el papel de los consejos consultivos como espacios de participación y análisis normativo, y señaló que deberían reforzar su capacidad de influencia en la toma de decisiones de la Comisión Europea.
El Govern de les Illes Balears sostiene que la cogestión, basada en criterios científicos y en la implicación de los distintos actores, es una vía para garantizar la sostenibilidad ambiental, social y económica de las pesquerías.
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