CCOO Illes Balears ha reclamado prudencia y un seguimiento exhaustivo de las medidas que adopte el Govern para hacer frente al impacto económico derivado de la guerra en Irán, iniciada por Estados Unidos e Israel. La petición se produjo tras la reunión convocada por el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, para analizar las consecuencias de la crisis en la comunidad autónoma.
El secretario general de CCOO Illes Balears, José Luis Gracia, subrayó la necesidad de que las actuaciones que se acuerden tengan en cuenta las necesidades de la clase trabajadora, al considerar que suele ser el colectivo que acaba asumiendo las consecuencias económicas de este tipo de crisis.
Durante el encuentro se abordaron posibles medidas para mitigar el impacto de la subida de precios que ya comienza a notarse en distintos sectores económicos como consecuencia del encarecimiento de la energía.
Críticas a experiencias anteriores
José Luis Gracia recordó que durante la crisis provocada por la guerra en Ucrania se aprobaron medidas fiscales que, según el sindicato, no llegaron a la mayoría de la población.
Según explicó, aquellas actuaciones permitieron en algunos casos aumentar los márgenes empresariales sin que se tradujeran en beneficios para la clase trabajadora, ni en una contención efectiva de los precios de productos y servicios.
Por ello, CCOO Illes Balears considera que las medidas que se adopten ahora deben priorizar a los trabajadores y a la ciudadanía en general, ya que serán quienes sufran en primera instancia las consecuencias de un incremento de la inflación.
Seguimiento para evitar pérdida de poder adquisitivo
El sindicato ha defendido que las decisiones deben adoptarse desde el consenso y con mecanismos de control que permitan evaluar de forma constante su efectividad.
En este sentido, José Luis Gracia ha señalado la necesidad de establecer un seguimiento continuo de las medidas que se pongan en marcha para evitar aumentos desproporcionados de los precios.
El objetivo, según ha indicado, es impedir una pérdida significativa de poder adquisitivo entre amplios sectores sociales y evitar que los efectos de la inflación empujen a las personas más vulnerables hacia situaciones de pobreza.
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