El Ejecutivo autonómico mantiene una nueva reunión dentro de la ronda de contactos con sectores económicos y administraciones. El objetivo es evaluar los efectos del conflicto y coordinar posibles medidas.
La ronda de contactos busca evaluar los efectos económicos y coordinar medidas con administraciones y agentes sociales
El Govern se ha reunido este jueves con representantes del sector de la construcción para escuchar y analizar los efectos del conflicto bélico en Oriente Medio. Se trata del sexto encuentro mantenido con agentes sociales, sectores económicos y administraciones públicas.
Esta ronda de reuniones se inició con encuentros con empresarios y sindicatos, y ha continuado con el sector del transporte, organizaciones profesionales agrarias, representantes del comercio, distribuidoras e industria, además de la reunión celebrada esta misma mañana con consells insulares y ayuntamientos.
Representación institucional y sectorial
Por parte del Govern han participado el vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa; el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo; el conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Sáenz de San Pedro; la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló; la directora general de Empresa, Autónomos y Comercio, Maria Antònia Sansó; el director general de Industria y Polígonos Industriales, Alfons Gómez; y el director general de Vivienda y Arquitectura, Francisco Reynés.
En representación del sector de la construcción han asistido la gerente de la Asociación de Industrias Fabricantes de Materiales de Construcción de Baleares (Construïm), Sandra Mayrata, y el presidente de la Asociación de Constructores de las Illes Balears, Climent Olives.
Coordinación con otras administraciones
El Govern continuará este jueves con la ronda de conversaciones con otras administraciones y sectores productivos para analizar y evaluar el impacto del conflicto. El objetivo es desarrollar un amplio paquete de medidas coordinadas con el Gobierno de España y con la Unión Europea, consensuadas con los agentes sociales y económicos de las Illes Balears.
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