Las pruebas de acceso a la universidad se celebrarán los días 2, 3 y 4 de junio de 2026. El nuevo marco regula el uso de detectores de radiofrecuencia y las sanciones por conductas fraudulentas.
Nuevo protocolo para garantizar la integridad académica en las pruebas de junio
La Conselleria d’Educació i Universitats y la Universitat de les Illes Balears han reforzado el dispositivo de control de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) con la incorporación de detectores de radiofrecuencia y la aprobación de un acuerdo específico sobre actos fraudulentos y sanciones. Las pruebas se celebrarán los días 2, 3 y 4 de junio de 2026.
El director general de Universitats, Recerca i Ensenyaments Artístics Superiors, Sebastià Massanet, y la vicerrectora de Estudiants i Projecció Educativa, Cristina Moreno, han explicado que la Comisión Organizadora de las PAU de las Illes Balears ha establecido este marco normativo con el objetivo de garantizar el correcto desarrollo de las pruebas conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Tipificación de infracciones y sanciones
El nuevo acuerdo regula tanto el uso de los dispositivos de detección como la respuesta ante conductas contrarias a la integridad académica. Las faltas leves incluyen acciones puntuales como comunicarse sin autorización o mirar de forma esporádica el examen de otro estudiante, y conllevan una amonestación verbal.
Las faltas graves abarcan el fraude académico, la comunicación para obtener respuestas o el incumplimiento de las instrucciones del tribunal. Estas conductas pueden suponer la calificación de 0 en el examen afectado y otras sanciones que determine el tribunal.
En el caso de las faltas muy graves, como la suplantación de identidad, la falsificación documental, el acceso indebido a los contenidos de los exámenes o la utilización de dispositivos electrónicos de comunicación dentro del aula, se establece la prohibición de continuar en la convocatoria y la calificación de No Apto con un 0 en todos los exámenes.
Uso de detectores y medidas de transparencia
Los detectores, que no son inhibidores, permiten identificar la presencia de dispositivos electrónicos no autorizados durante los exámenes. Su utilización se llevará a cabo con criterios de proporcionalidad y respeto a los derechos del alumnado, bajo la supervisión de los tribunales.
En caso de detectarse indicios de dispositivos no permitidos, el personal vigilante podrá realizar las comprobaciones oportunas. Si se confirma la irregularidad, se aplicarán las medidas previstas en el acuerdo en función de la gravedad.
El protocolo establece medidas de transparencia y prevé que el alumnado sea informado previamente de la posible utilización de los detectores en los distintos centros y horarios, así como de su finalidad. También regula el uso permitido de dispositivos electrónicos sanitarios y los procedimientos específicos para los casos debidamente justificados.
En este contexto, la Conselleria d’Educació i Universitats ha aportado los recursos económicos necesarios a la Universitat de les Illes Balears para dotarla de estos dispositivos, en el marco de un refuerzo global de las garantías del proceso ante el uso de tecnologías cada vez más sofisticadas.
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