El Consell de Govern autoriza a la Abogacía autonómica a impugnar el Real decreto 316/2026 y solicitar su suspensión cautelar. El Ejecutivo advierte del impacto en sanidad, educación, servicios sociales y atención a menores.
El Ejecutivo autonómico pide la suspensión cautelar de la norma por su impacto en los servicios públicos
El Consell de Govern ha autorizado a la Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears a interponer un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Suprem contra el Real decreto 316/2026, de 14 de abril, por el que el Gobierno de España modifica el Reglamento de la Ley de Extranjería e impulsa un proceso extraordinario de regularización.
Además de presentar el recurso, el Govern de les Illes Balears solicitará la suspensión cautelar del real decreto mientras se resuelve el procedimiento judicial, ante la posible afectación inmediata que la medida puede tener sobre los servicios públicos esenciales de la comunidad autónoma.
Falta de planificación y datos
El Ejecutivo autonómico considera que la medida se ha aprobado sin consenso con las comunidades autónomas, sin debate parlamentario y sin una valoración de impacto presupuestario que permita prever las consecuencias sociales, económicas y administrativas en los territorios.
Las distintas consellerias señalan que el Estado no ha aportado datos fiables ni una estimación clara sobre el número de personas que podrían verse afectadas por esta regularización, por lo que cualquier previsión, indican, es aproximada y orientativa.
Impacto en sanidad, educación y atención a menores
Según los informes elaborados por las diferentes áreas del Govern, la regularización podría tener una incidencia directa en los servicios sanitarios, educativos y sociales, así como en los recursos destinados a la atención de menores.
El Ejecutivo recuerda que Baleares afronta una elevada presión migratoria y una fuerte tensión demográfica, y que los servicios de atención a menores se encuentran saturados desde hace tiempo. En este contexto, considera que el Real decreto 316/2026 incrementa la presión sobre una comunidad con recursos limitados, territorio fragmentado y servicios públicos tensionados.
Asimismo, el Govern sostiene que la regularización extraordinaria se aparta de la tendencia seguida por la mayoría de países europeos en materia de control de fronteras, ordenación de los flujos migratorios e integración.
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