El Govern balear muestra su preocupación por la congelación de fondos desde 2023 en la Conferencia Sectorial de Empleo. Las islas percibirán 62,5 millones de euros de un total de 2.572 millones.
El Ejecutivo autonómico reclama una actualización de recursos ante el aumento de costes y usuarios
La consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabrer, acompañada por la directora del SOIB, María Luján Olivera, asistió este martes por la tarde en Madrid a la Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales. En el encuentro, el Gobierno central acordó el reparto de 2.572 millones de euros entre las comunidades autónomas para el desarrollo de políticas activas de empleo.
La cuantía se mantiene sin cambios desde 2023 debido a la falta de Presupuestos. De este total, Illes Balears recibirá 62,5 millones de euros.
Preocupación por el incremento de costes
Durante la reunión, Catalina Cabrer expresó la preocupación del Govern balear por la falta de actualización de los recursos en un contexto de incremento generalizado de los costes de personal y de los programas públicos de empleo.
La consellera señaló que desde hace tres años se distribuye la misma cantidad y que esta no contempla la subida de salarios de los empleados públicos, el aumento de los costes de los programas ni la necesidad de reforzar plantillas para atender a más usuarios. También destacó el impacto en los centros especiales de empleo que trabajan con personas vulnerables, ya que el reparto estatal no incluye el incremento del salario mínimo interprofesional aplicado a estas personas.
Asimismo, indicó que la distribución de fondos no tiene en cuenta el aumento de usuarios derivado del proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno central. Según las primeras estimaciones del SOIB, más de 20.000 personas acudirán al servicio tras este proceso, una cifra que podría aumentar con el tiempo.
En relación con esta petición de recursos adicionales, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, indicó que la cuestión corresponde a otros ámbitos competenciales del Gobierno central, una postura con la que la consellera mostró su desacuerdo.
Fijos discontinuos y carga administrativa
El Govern también reclamó que se tenga en cuenta la realidad específica de Illes Balears en relación con los trabajadores fijos discontinuos. Catalina Cabrer recordó que entre octubre y febrero se registra una campaña intensa de inscripciones vinculadas a periodos de inactividad laboral.
Según explicó, esta tarea corresponde al SEPE, aunque el SOIB presta apoyo continuado con personal propio. Además, el Ejecutivo autonómico defendió la necesidad de ajustar la metodología estatal para que los trabajadores fijos discontinuos en periodo de inactividad no computen como demandantes de empleo asimilables a personas en paro, dado que mantienen una relación laboral indefinida vigente.
Durante la reunión también se trasladó la necesidad de avanzar con mayor agilidad en medidas orientadas a abordar el absentismo laboral. Varias comunidades autónomas se sumaron a las peticiones formuladas por el Govern balear. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, señaló que esta será previsiblemente su última conferencia sectorial.
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