El Ejecutivo autonómico rechaza el aumento de plazas aprobado por el Consejo de Ministros y anuncia acciones judiciales.
Actualmente las Islas tutelan a 795 menores migrantes no acompañados, según datos oficiales.
El Ejecutivo autonómico considera que la red de protección está saturada y que la nueva cifra no se ajusta a la realidad del archipiélago
El Govern interpondrá un recurso contra el real decreto aprobado este martes por el Consejo de Ministros que actualiza la capacidad ordinaria del sistema de protección de menores migrantes no acompañados y fija en 434 las plazas de referencia para Baleares. El Ejecutivo autonómico considera que esta decisión no responde a la situación actual del archipiélago.
El Estado incrementa así la capacidad ordinaria asignada a Baleares de 406 a 434 plazas. El Govern ya había mostrado su rechazo a la cifra prevista para 2025 durante la tramitación de la norma al considerarla excesiva.
Saturación del sistema
En la actualidad, Baleares tutela a 795 menores migrantes no acompañados, una cifra que casi duplica la capacidad ordinaria establecida por el propio Estado. Según el Ejecutivo autonómico, este dato refleja la situación de saturación que atraviesa la red de protección en las Islas.
Ante este escenario, el Govern ha confirmado que acudirá nuevamente a los tribunales para defender los intereses de Baleares y sostiene que el sistema de protección no puede asumir nuevas obligaciones mientras sus recursos continúan tensionados.
Declaraciones institucionales
La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha señalado que el Gobierno de España adopta decisiones sin tener en cuenta la realidad de los territorios que se encuentran en primera línea de la presión migratoria. También ha afirmado que los servicios de protección están desbordados.
El Ejecutivo autonómico ha recordado además que, durante su visita oficial a Baleares, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, manifestó que no tenía sentido continuar derivando menores procedentes de otras comunidades autónomas a un territorio que ya registra llegadas propias y cuyo sistema de acogida se encuentra tensionado.
El Govern mantiene que el reparto de menores migrantes debe ajustarse a la capacidad real de los sistemas de protección y a la presión migratoria que soporta cada territorio, y reitera su rechazo a cualquier decisión que incremente las obligaciones de acogida de una comunidad que supera ampliamente la capacidad fijada por el Estado.
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