El director general de Inmigración y Cooperación al Desarrollo del Govern balear, Manuel Pavón, ha expuesto en el Senado la situación migratoria en el archipiélago y el impacto sobre el sistema de protección de menores. Ha reclamado más recursos, corresponsabilidad entre administraciones y una estrategia estatal y europea específica para la ruta Argelia-Baleares.
Pavón detalla en el Senado el aumento de llegadas y su impacto en Baleares
El director general d’Immigració i Cooperació al Desenvolupament del Govern de les Illes Balears, Manuel Pavón, ha comparecido ante la Comisión Mixta sobre Insularidad del Senado para informar sobre la situación actual de la inmigración que llega al archipiélago y trasladar las principales preocupaciones y reivindicaciones del Ejecutivo autonómico ante el incremento de la presión migratoria.
En su intervención, Pavón ha reclamado una respuesta específica del Estado ante una presión migratoria que, según ha señalado, ya no se puede considerar coyuntural. Hasta el 15 de septiembre, las Illes Balears registraron 5.627 llegadas en 303 embarcaciones, un 2,6 % más que en el mismo periodo de 2025, y por primera vez en septiembre las llegadas a las Balears han superado a las de Canarias: 5.627 frente a 5.592, mientras que en el archipiélago canario han caído un 55,1 %.
Aumento de llegadas y presión sobre el sistema de menores
Las llegadas de la última semana al archipiélago hacen que la cifra total de personas llegadas a las Balears entre enero y septiembre de 2026 supere ya las 6.100. En poco más de un año y medio, casi 13.500 personas han alcanzado las costas baleares.
Pavón ha advertido de que esta realidad tensiona especialmente el sistema de protección de menores. Los consells insulars tutelan actualmente a más de 900 menores extranjeros no acompañados, frente a una red ordinaria de unas 80 plazas. En Formentera, con unos 12.000 habitantes, han llegado este año más de 3.000 personas en patera, prácticamente la mitad del total de llegadas a las Balears, y la isla tutela cerca de 250 menores.
Diferencias con el Estado sobre capacidad y financiación
El director general ha señalado que el Estado ha destinado 8 millones de euros a la atención de estos menores, mientras que los consells insulars calculan que deberán asumir un gasto de entre 36 y 38 millones de euros. En este contexto, ha recordado la contradicción que, a su juicio, existe entre lo que se trasladó al Govern balear el pasado mes de abril y las decisiones adoptadas posteriormente por la Administración central.
Tras una reunión con la ministra Sira Rego, en la que esta reconoció que no tenía sentido seguir enviando más menores a las Balears por la presión sobre el sistema, el Gobierno de España elevó en junio la capacidad ordinaria del archipiélago de 406 a 434 plazas y han continuado las propuestas de traslado. El Govern ha interpuesto recursos ante los tribunales contra los dos reales decretos que regulan esta capacidad ordinaria (RD 743/2025 y RD 556/2026) y contra las siete propuestas de traslado procedentes de Melilla y Canarias.
Oleadas de llegadas y crítica a las medidas de emergencia
Pavón ha indicado que no se cuestiona la solidaridad, pero ha reclamado que tenga en cuenta la capacidad real de cada territorio. Ha destacado que las llegadas se producen en lo que ha calificado de auténticas oleadas: solo los días 15 y 16 de septiembre llegaron 316 personas en 16 embarcaciones en 48 horas, y entre los días 21 y 25 de septiembre arribaron a las Balears 541 personas, 338 de ellas a Formentera.
También ha señalado que las medidas de emergencia no pueden convertirse en la respuesta estructural a una situación que se repite de forma recurrente. En este sentido, ha cuestionado que la instalación puntual de carpas ante llegadas masivas pueda resolver una realidad que, según ha dicho, exige planificación, recursos y una estrategia específica para la ruta Argèlia-Balears.
Déficit de efectivos y reclamación de corresponsabilidad
El director general ha reivindicado el apoyo que las instituciones de las Illes ofrecen a los servicios del Estado y ha recordado el déficit estructural, según sus representantes profesionales, de entre 800 y 1.000 efectivos de Policía Nacional y Guardia Civil que padecen las Balears.
En su intervención, Pavón ha afirmado que la política del Gobierno de Pedro Sánchez se basa en exigir responsabilidades y solidaridad a otros mientras, según ha acusado, se abandona a los territorios que están en primera línea. Ha reclamado que quien tiene las competencias asuma también las responsabilidades y los recursos necesarios.
Demanda de aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo
Pavón ha defendido que las Balears se sitúan claramente dentro del marco europeo y de las políticas comunes de inmigración, y ha reclamado al Gobierno de España que asuma sus responsabilidades y aplique plenamente el Pacte Europeu de Migració i Asil. Ha reivindicado, especialmente, una estrategia específica para la ruta Argelia-Balears, una mayor cooperación con los países de origen y tránsito, la lucha contra las mafias y una protección efectiva de las fronteras exteriores.
El director general ha pedido además lealtad institucional, coordinación y transparencia en la información entre las distintas administraciones. Ha recordado que el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, confirmó en el Congreso la existencia de un informe que alertaba de un “riesgo alto” de llegadas marítimas a la Península y a las Illes Balears, información que el Govern balear ha reclamado formalmente y sobre la que todavía no ha recibido respuesta.
Traslado de la situación a las instituciones europeas
Pavón ha subrayado que, si existen informes que afectan directamente a las Illes Balears, el Govern que las administra debe tener acceso a esa información y conocer qué medidas se han adoptado. Ha defendido que la respuesta a la presión migratoria requiere corresponsabilidad entre todas las administraciones y una coordinación efectiva, especialmente cuando se trata de información que puede afectar a la planificación de recursos, la protección de menores, la seguridad y la capacidad de respuesta de las instituciones del archipiélago.
En paralelo, el Govern de les Illes Balears continuará trasladando esta realidad a las instituciones europeas. La presidenta del Govern, Marga Prohens, regresará a Bruselas el próximo mes de octubre para exponer ante las instituciones europeas la presión migratoria que soporta el archipiélago y reclamar más apoyo y recursos para afrontarla. En esta nueva ronda de contactos, Prohens defenderá de nuevo una mayor implicación de la Unió Europea ante una ruta migratoria que afecta especialmente a las Illes Balears.
Evolución de las rutas migratorias en el Mediterráneo occidental
El director general ha recordado que, de acuerdo con el último informe de Frontex, la ruta del Mediterráneo occidental ha crecido un 46 % entre enero y mayo, mientras que la ruta hacia Canarias se ha reducido un 71 %, en un contexto en el que la cooperación con los países de origen y tránsito ha demostrado ser una herramienta esencial para combatir las salidas irregulares y las redes de tráfico de personas.
Pavón ha concluido que las Illes no piden privilegios, sino corresponsabilidad, lealtad institucional y recursos proporcionales a la presión que soportan.
COMENTA LA NOTICIA