La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJIB) ha desestimado el recurso de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Baleares (Proinba) contra el Decreto 36/2019, de 10 de mayo, por el cual se regulan las viviendas desocupadas y el procedimiento de cesión obligatoria por parte de los grandes tenedores.
Con esta sentencia del pasado 19 de enero, la Sala avala la actuación del Govern balear en relación a la expropiación o cesión temporal de uso de las viviendas desocupadas de grandes tenedores.
Proinba solicitaba la nulidad del mencionado decreto en general, y de los artículos 18.1, 2.1, 23, 24 y 32, en particular. En el recurso, la Asociación alegaba la nulidad del Decreto porque no se sometió a nueva información pública el tercer borrador, finalmente aprobado.
Por su parte, la Sala no estima que fuese necesario repetir el trámite de audiencia, ya que la redacción del artículo 18.1 ya se contenía en el segundo borrador ya sometido a exposición del público, y sin que la alteración del artículo 9 de la Ley de Arrendamientos Urbanos implicase un cambio sustancial del reglamento en su conjunto, como exige la jurisprudencia.
El Govern celebra la sentencia
A través de su cuenta de Twitter, la presidenta del Govern, Francina Armengol, ha celebrado que, de esta forma, “el TSJIB avala al 100% la actuación del Ejecutivo balear para proteger la función social de la vivienda frente a la especulación”.
“Los pisos de los grandes tenedores, vacíos durante años, serán cedidos a jóvenes y familias. ¡Una gran noticia y, sobre todo, una victoria de los derechos sociales! Ganan las personas”, ha destacado.
Por su parte, el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, ha valorado que “esta sentencia avala la política valiente y pionera” del Ejecutivo autonómico “que ha puesto el derecho a la vivienda en el centro”.
“Es para nosotros una prioridad y trabajamos duro para garantizar una vivienda digna a todos los ciudadanos y ciudadanas de Baleares”, ha señalado el conseller.
También se ha pronunciado sobre esta sentencia el vicepresidente y conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, quien ha remarcado que “la emergencia habitacional requiere de medidas contundentes”.
“La Justicia avala al Govern de nuevo. Aplicamos la Ley de Vivienda para rescatar casas vacías de las manos de bancos, fondos buitre y grandes tenedores”, ha añadido.
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