El jefe de departamento de Movilidad del Ayuntamiento de Palma que fue detenido en el caso del supuesto amaño del contrato de la ORA ha afirmado este viernes que el calabozo en el que pasó tres días “era un sitio de tortura en el que no había noción del paso del tiempo”.
El funcionario, jefe de la mesa de contratación en el concurso de la ORA, ha declarado como testigo en la sesión de este viernes del juicio contra los investigadores del caso Cursach, el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, y cuatro agentes de Blanqueo.
“Tenía la sensación de que el calabozo era un sitio de tortura. Solo había una ventana y tres veces al día me traían pan seco con jamón o queso. Si querías beber agua tenías que pedir permiso para ir al baño. Me pasé tres días totalmente incomunicado pensando qué había hecho mal y pidiendo ir a declarar. No podía dormir”, ha relatado.
El funcionario ha explicado que antes incluso de la declaración, uno de los agentes acusados le ofreció declarar contra Jaume Roig, Álvaro Gijón y José María Rodríguez para pasar de detenido a testigo.
También se ha referido a la declaración judicial frente al fiscal Subirán. “Llevaba la voz cantante y cuando trataba de explicarme parecía que no le interesaba y pasaba a la siguiente pregunta”, ha señalado, después de asegurar que el despacho, con fotos de safaris, “intimidaba”.
“Pensaba que un juez tenía que ser ecuánime y éste no lo era”, ha añadido siguiendo su relato de la declaración. También ha revelado que el juez le dijo a su abogado que si colaboraba “fácilmente” pasaría a testigo.
Según ha apuntado, en su domicilio los investigadores no buscaron nada y nunca fueron a preguntarle a su despacho. El funcionario ha insistido en que “lo único que se hizo mal fue su detención, porque el contrato de la ORA estaba bien hecho y por eso se archivó”.
En este sentido, ha señalado que podía explicar el contrato “perfectamente” y que iba a suponer al Ayuntamiento un ahorro de más de 400.000 euros. “Tenía cosas que estaban clarísimas y no me dejaron contarlas. Enseguida me salían con otra cosa cuando, además, luego se descubrió que tenían toda la documentación”, ha añadido.
“Cuanto más lo analizaba, más me sorprendía. No podía entender que metieran a alguien en la cárcel sin tener nada”, ha continuado. En relación a la intervención el exregidor Álvaro Gijón ha apuntado que estaba al margen, aunque era el encargado de defender la cuestión en la Junta de Gobierno.
Más tarde, ha sostenido que es imposible que nadie de la mesa de contratación tuviera las ofertas antes de que se presenten.
Antes, una funcionaria que también fue detenida en esta causa, ha asegurado, sin embargo, que no se sintió ni intimidada ni presionada.
En todo caso, la testigo ha señalado que tuvo la sensación de que los investigadores no conocían los pormenores de la contratación pública.
“No entendía que hacía allí. Por mi puesto, creo que no me habrían detenido ni investigado porque solo me encargaba de revisar la solvencia económica”, ha afirmado.
Otra funcionaria, sin embargo, sí que ha afirmado que en el momento de su arresto sí que se sintió presionada por su estado de “abatimiento” al no haber participado en ninguna mesa decisoria porque ella se encargaba de los servicios jurídicos.
“No tenía ni idea de lo que me estaban preguntando. Pensaba que era una broma”, ha concluido. Según ha añadido, manifestó lo mismo en la investigación posterior, en 2019.
Según ha explicado, propuso estudiar la cuestión “de manera puramente administrativa” al tener conocimiento de que el contrato se iba a adjudicar, hecho que conoció por la prensa, a la oferta más cara.
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