El Parlament ha rechazado este martes instar al Govern a mantener el requisito del catalán en los procedimientos selectivos de acceso a la función pública.
Así ha resultado de la votación, durante el pleno de la Cámara balear, de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa a política general en materia de función pública que, con todo, ha salido aprobada parcialmente.
En detalle, se ha rechazado el punto que pedía mantener el requisito del catalán, pero se ha aceptado, con enmienda del PP, instar al Govern a convocar tan rápido como sea posible la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos para calendarizar y desarrollar los acuerdos pactados y alcanzados en el marco de la negociación colectiva.
Asimismo, se ha dado luz verde a pedir al Ejecutivo balear que respete la negociación colectiva y cumpla con los acuerdos en materia de empleo, laborales y salariales, y que mantenga la tasa de temporalidad en la función pública por debajo del ocho por ciento.
También se solicita al Govern, a través de esta moción, que nombre tan rápido como sea posible los miembros de la Inspección de Servicios Generales para garantizar los canales internos de denuncias entre el funcionariado y establecer el circuito de comunicación. En este último punto se ha introducido también enmienda del PP.
Por contra, se han rechazado los tres puntos restantes que contemplaba la iniciativa, por los que se instaba al Govern a cumplir con el decreto de 2022 de medidas urgentes para reducir la temporalidad, poner en marcha nuevos sistemas de progresión vertical o convocar de manera inminente la convocatoria ordinaria de carrera profesional del año 2024 y que, mientras no sea abierta y permanente, se comprometa a publicarla en el primer Boletín de cada año.
INTERVENCIONES DE LOS GRUPOS
La primera en intervenir ha sido la diputada socialista Sílvia Cano, quien ha defendido el contenido de la moción que presenta su grupo.
Según ha justificado, entre las cuestiones que suscitan “preocupación” a la sociedad civil está “el catalán en la función pública, la rebaja del requisito del catalán en la sanidad o la segregación lingüística en los centros educativos”.
Seguidamente, la diputada del PP Cristina Gil ha defendido su enmienda para, en lugar de pedir mantener el requisito del catalán, instar al Govern a hacer conciliable, por un lado, que el desconocimiento de la lengua catalana no penalice la función pública y, por otro, que el ciudadano pueda dirigirse a la Administración en cualquiera de las lenguas oficiales.
En esta línea, ha asegurado que “esto es positivo para asegurar el conocimiento del catalán” y ha puesto de ejemplo el “éxito” del curso a sanitarios avalado por el IEB.
La portavoz parlamentaria de Vox, Idoia Ribas, por su parte, ha considerado “discriminatario” que no sean los mejores los que accedan a una plaza y sí “los que tengan simplemente un título de catalán”.
Por ello, según ha recordado, acordaron con el PP la eliminación del requisito del catalán, algo que ha esperado que “se ejecute en breve”.
Desde MÉS per Mallorca, el diputado Ferran Rosa ha defendido el derecho del ciudadano a ser atendido en catalán y, por ello, ha criticado la propuesta de que “no penalice el desconocimiento del catalán”. “Lo que está diciendo es que el catalán no sea ni un mérito”, ha censurado el diputado, lamentando que el PP “ha cedido completamente en sus socios”.
La última en intervenir ha sido la diputada de Unidas Podemos Cristina Gómez, quien ha remarcado que el Govern “tiene la obligación de cumplir con el Estatut d’Autonomía y, por lo tanto, ha de garantizar la promoción del catalán y el impulso de su uso social”.
“Estas dos lenguas son oficiales, castellano y catalán, y necesitamos que se puedan emplear de forma indistinta. Y en un escenario en el cual la eliminación del requisito lingüístico lo que provocará es una inferioridad de condiciones, se infringirá el principio de igualdad de forma clarísima”, ha sentenciado.
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