El PSIB denuncia a Ureña por prevaricación por renunciar al expediente de reclamación de las mascarillas

El PSIB ha presentado en un juzgado de instrucción de Palma una denuncia contra el director general del IbSalut, Javier Ureña, a quien acusan de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos por la renuncia al primer expediente de reclamación de las mascarillas que se compraron en pandemia a la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, investigada por la Audiencia Nacional (AN).

Lo ha explicado este viernes en rueda de prensa, poco después de presentar la denuncia en los juzgados, el portavoz parlamentario de la formación, Iago Negueruela, que ha comparecido acompañado de la diputada Mercedes Garrido.

Los socialistas acusan a Ureña de construir, con el conocimiento de la presidenta del Govern, Marga Prohens, y el resto del Ejecutivo autonómico, un expediente para ocultar la caducidad de la reclamación que había iniciado el anterior Govern.

En la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press y que se extiende a Ignacio Rotaeche, socio mayoritario de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, así como a la propia mercantil, los socialistas acusan al director general del IbSalut de “a sabiendas y deliberadamente” permitir la caducidad del expediente de reclamación de la compra que había iniciado el anterior Govern y que lo hizo “en claro beneficio de la empresa y sus partícipes” y “debido a la presión de los medios de comunicación”.

La denuncia entiende que Ureña, tras conocerse en febrero de 2024 las investigaciones que estaba llevando a cabo la Audiencia Nacional, “como cortina de humo” instó un nuevo expediente de nulidad de todo el contrato adjudicado por vía de emergencia.

Según la cronología expuesta por el PSIB, el 20 de marzo de 2023, el director general del IbSalut, en aquel momento Manuel Palomino, comunicó a la empresa que las mascarillas suministradas no reunían los requisitos acordes a la contratación. Más tarde, el 6 de julio del mismo año, el subdirector de la central de compras y logística firmó la Propuesta de inicio de resolución parcial por incumplimiento culpable del contrato reclamando la cantidad de 2,7 millones de euros.

El 24 de agosto de 2023, el actual director general del IbSalut, Javier Ureña firmó –dando continuidad al expediente iniciado por el anterior Govern– la resolución del órgano de contratación por la que se continua con el expediente iniciado el 6 de julio de 2023. Esta resolución fue comunicada a Soluciones de Gestión el 17 de octubre con un plazo para resolver de tres meses.

En aquel mes se produjo un intercambio de correos entre la empresa y el IbSalut y se produce la visita de representantes de la empresa al almacén en el que estaban guardadas las mascarillas. Finalmente, el 6 de noviembre 2023 la empresa adjudicataria presentó alegaciones a la resolución parcial por incumplimiento del contrato de emergencia.

La denuncia recoge que al mismo tiempo se conocieron a través de los medios de comunicación escuchas en las que el empresario Carlos Cueto comunicaba informaba a Rotaeche que Baleares “no iba a seguir con la reclamación de las mascarillas”, de lo que el PSIB deduce trato de favor.

También dicen que los oficios policiales constatan que desde que recibió la notificación por la reclamación de Baleares en octubre de 2023, una persona estuvo solicitando “la influencia de Koldo para que no prospere” hasta enero de 2024, fecha que corresponde al vencimiento de la caducidad del expediente administrativo de incumplimiento parcial.

DEJADEZ DELIBERADA

El PSIB acusa a Javier Ureña de “dejadez deliberada” a partir del mes de noviembre de 2023 cuando, tras las alegaciones de la empresa, no se produce ninguna otra diligencia, no se requiere la subsanación de ninguna deficiencia y no se resuelve en plazo el expediente administrativo de resolución parcial del contrato.

Los socialistas acusan de este modo al director del IbSalut de mantener “una conducta omisiva deliberada encaminada a provocar la caducidad del expediente en beneficio de la empresa adjudicataria”. Insisten de este modo en que el plazo de caducidad de la reclamación era de tres meses.

Para el PSIB, el anuncio de desistir de la primera reclamación y comenzar una de oficio para reclamar la nulidad del contrato se hizo “con ánimo de ocultar su conducta llevada a cabo en el expediente de resolución parcial para desviar el foco mediático, político y especialmente su conducta ilegal”.

La denuncia presentada en el juzgado señala como “otra prueba más de la arbitraria forma” de proceder de Ureña el hecho de que iniciara un nuevo expediente sabiendo que no es conforme derecho por cuanto a tratarse el contrato cuya nulidad se pretende, de un contrato adjudicad por los trámites de emergencia.