La construcción en zonas inundables y la búsqueda de consensos para evitarlo marcarán este martes las preguntas de control al Govern en un Pleno, en el que se iba a votar el dictamen del decreto ley de simplificación administrativa, pero, esto, previsiblemente, se aplazará, para buscar un texto consensuado con la oposición sobre las actuaciones urbanísticas que se prohibirán en zonas inundables.
El previsible aplazamiento de la votación del dictamen del decreto ley de simplificación administrativa, que ha incorporado 73 enmiendas y transacciones, quedando pendiente la deliberación de otras 490 en la sesión plenaria que iba a tener lugar este martes, se debe a que así lo han solicitado el PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos para ganar tiempo para negociar con el Govern la prohibición de la construcción en zonas inundables, tras considerar que la propuesta del Ejecutivo balear para incluir este aspecto en la ley de simplificación administrativa es “ineficaz e insuficiente”.
En concreto, para llegar a un acuerdo, la izquierda exige excluir del dictamen del decreto ley de simplificación administrativa la “amnistía urbanística” en suelo rústico de los edificios que estén en lugares potencialmente inundables y que éste no permita clasificar nuevo suelo urbanizable en estas zonas. También, que el Govern se abra a negociar la prohibición total de nuevas construcciones –entre ellas los equipamientos públicos– y los cambios de uso de bajos comerciales a viviendas en zonas en riesgo de inundación.
El PP ha anunciado que aceptará el aplazamiento de la aprobación de la Ley de Simplificación Administrativa con el objetivo de buscar un texto consensuado con la oposición sobre las actuaciones urbanísticas que se prohibirán en zonas inundables de Baleares.
“Los consensos necesitan voluntad política y tiempo, el PP tiene voluntad política y si la izquierda quiere tiempo, lo tendrá, después se verá si la izquierda tiene voluntad política para llegar a un acuerdo importante pero el Govern está de acuerdo en dar ese tiempo”, ha puntualizado la portavoz adjunta del PP en la Cámara, Marga Durán.
Sobre las diferencias que se discutirían, ha mencionado tres puntos a los que están “abiertos” a negociar, como prohibir edificar en zonas inundables, ampliar esta limitación a infraestructuras “sensibles” –centros educativos, residencias, centros de salud u otros servicios públicos– o impedir la legalización de construcciones en terreno rústico ubicadas en zonas inundables.
“Todo lo que afecta a las zonas inundables está encima de la mesa, si el PP y el Govern están de acuerdo en modificar el orden del día es porque quieren trabajar con las mínimas distorsiones posibles para que no pongan en peligro un acuerdo político que pide la ciudadanía”, ha defendido la portavoz adjunta de los ‘populares’.
Por su parte, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha asegurado este lunes que su Grupo estará “al lado del Govern” en lo que proponga para evitar construcciones en zonas inundables. “No creo que haya nadie, ninguna persona ni ningún político, que vaya arriesgarse en construir en una zona potencialmente inundable”, menos aún tras la “catástrofe” en Valencia, a consecuencia de la DANA.
Asimismo, respecto a tres artículos sobre el cambio climático, incluidos en el decreto ley de simplificación administrativa, Cañadas ha dicho que esto aún “se está negociando”. “Nosotros no estamos por la Agenda 2030, no creemos en nada de esto”, ha recordado a los medios y, en este sentido, ha avanzado que “todo lo que sea rebajar todo este tipo de cuestiones –relativas a hidrología climática–, igual, incluso”, el Grupo “se puede plantear una abstención, pero desde luego”, ha subrayado, “apoyar no se apoyará nada de ello”.
Pese a que la votación del dictamen del decreto ley de simplificación administrativa previsiblemente se aplazará –se ha convocado una reunión de la Mesa del Parlament (08.45 horas) y la Junta de Portavoces para tratar este tema– los grupos usarán la sesión de control al Govern, desde las 09.00 horas, para preguntar a la presidenta del Govern, Marga Prohens, y a la consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, por la construcción en zonas inundables y la búsqueda de consensos para evitarlo.
OTRAS CUESTIONES
Más allá de estas cuestiones, los grupos preguntarán al Govern sobre vivienda, en concreto sobre el programa ‘Alquiler seguro’, y movilidad; así como sobre los objetivos que se había fijado el Ejecutivo para la WTM de Londres; el aumento de altercados violentos en las calles de Baleares, que el Grupo Vox vincula a la llegada de migrantes ilegales; y los presupuestos, entre otros.
Precisamente, en lo relativo a los presupuestos la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha aclarado que “no se ha renunciado a la Oficina Lingüística por una antiokupas”, dado que “estos temas se negocian por separado”.
En concreto, sobre la Oficina Lingüística, Cañadas ha explicado que se ha paralizado la negociación con el PP sobre ésta porque el Vox considera que “dedicar 750.000 euros a un organismo que no tiene ningún poder para poder exigir que la gente estudie en libertad tanto en castellano como en catalán es un chiringuito”. “Si este organismo no tiene carácter sancionador no se recuperará, si se puede perseguir a los colegios que incumplen la libre elección de lengua, entonces sí”, ha subrayado. “Habrá que negociarlo en la legislatura”.
En cuanto a la oficina antiokupas, la portavoz parlamentaria del Grupo Vox ha considerado que “tal vez, habrá que estudiar si se incluye en los presupuestos, porque aún se está en negociaciones sobre esto con el PP”, atendiendo a que cabe la posibilidad de que “como se han negociado aparte las cuentas para 2025 del Ayuntamiento de Palma y del Parlament, pudiera haber una duplicidad de la oficina antiokupas que quería desarrollarse por parte de Vox en el Parlament con la que ya han anunciado los del Grupo Vox en el Ayuntamiento”.
En todo caso, ha aclarado que “podría incluirse una partida para esta Oficina en los presupuestos del Parlament porque, como no se tendría que contratar a personal externo para su funcionamiento, si no que en ella trabajarían funcionarios, no sería un chiringuito y, por tanto, de no desarrollarse, podría destinarse a otras cosas”.
La portavoz adjunta de los ‘populares’ afirmó la semana pasada, respecto a la posibilidad de que en los presupuestos haya una partida destinada a crear una oficina antiokupas que en el PP “no” les “parecería mal que se destinara una partida para esta oficina”.
Los grupos de la oposición mostraron por su parte su rechazo al proyecto de presupuestos autonómicos para 2025.
Finalmente, cabe señalar que durante el Pleno de este martes Més per Menorca interpelará al Govern sobre su política general en materia de vivienda. Y, el PSIB defenderá una moción relativa a la política general del Ejecutivo en materia de vivienda pública.
En respuesta a esto, la portavoz adjunta del PP ha destacado el “esfuerzo” que ha hecho el Govern durante este año y el anterior en política habitacional. La diputada ha puntualizado que la política habitacional del PP es un programa de “medidas decididas” con las que el Ejecutivo pretende no solo facilitar el acceso a la vivienda de las clases medias y trabajadoras, sino también hacer un “esfuerzo” por la vivienda pública para los colectivos vulnerables.
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