La Sección Primera de la Audiencia Provincial celebra desde este lunes (09.30 horas) y durante toda la semana el juicio del conocido como caso Calanova, que sienta en el banquillo al exconseller de Turismo Carlos Delgado y a otras cinco personas acusadas de favorecer a la sociedad Port Olímpic Calanova, en Palma, en el concurso de privatización de un puerto deportivo.
La Fiscalía pide para el exconseller una condena de inhabilitación y un año y nueve meses de prisión, por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. También reclama el pago de una multa de 1,1 millones de euros. Para el resto de los acusados se reclaman igualmente penas de entre un año y seis meses y un año y nueve meses cárcel por tráfico de influencias. Las multas, en estos casos, también superan el millón de euros.
El caso investiga presuntas irregularidades en la adjudicación del puerto deportivo de Calanova a la empresa Port Olímpic. La Fiscalía acusa al exconseller de haber manipulado el concurso para beneficiar a su socio.
Esta adjudicación tuvo lugar en septiembre de 2013, cuando Carlos Delgado (PP) era conseller de Turismo y presidente de Ports de les Illes Balears (Ports IB) en el Govern de José Ramón Bauzá.
Un empresario presentó una querella contra el exconseller y otras empresas concursantes denunciaron irregularidades, como que la mesa había admitido un nuevo estudio de la ganadora cuando ya no era posible presentar más documentación. Además mantuvieron que la baja de precios realizada por Port Olímpic era “temeraria”, pero Ports IB rechazó estos recursos.
En la pieza se investiga a otras cinco personas: el exsecretario general de la Conselleria, un abogado, el socio de despacho del exconseller y dos empresarios.
El Ministerio Público considera que Delgado adoptó decisiones y dictó resoluciones directamente encaminadas a favorecer la adjudicación del concurso a Port Olímpic Calanova, de la que era socio y administrados su amigo, también acusado.
Siguiendo el escrito de acusación, la adjudicación generó un desproporcionado beneficio económico tanto al amigo del entonces conseller como a su socio en el despacho, también investigado.
La sociedad que acabó beneficiada estaba participada por los otros dos acusados, que el fiscal considera que también se enriquecieron gracias a la influencia de Delgado.
El representante del Ministerio Público acusa al exconseller de servirse tanto de su ascendencia jerárquica como de la relación y amistad con el secretario general de la Conselleria y secretario del Consejo de Administración de Ports IB para que la adjudicación resultara a favor de Port Olímpic.
Fiscalía considera, además, que Delgado maniobró para sustraer al Consejo de Administración de Ports IB el control del procedimiento y eliminar la intervención necesaria del director gerente, encargado de proponer la aprobación de los pliegos de los nombramientos de los componentes de la mesa de contratación.
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