Govern y Vox acuerdan impulsar viviendas en suelo rústico con el nuevo decreto

El Govern y el grupo parlamentario de Vox han sellado un nuevo acuerdo para convalidar el decreto de vivienda y al que se le incluirán determinadas enmiendas, como la posibilidad de construir en áreas de transición –es decir, suelo rústico–, durante su tramitación como proyecto de ley.

Así lo han anunciado la mañana de este lunes en una rueda de prensa el conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y la portavoz de Vox, Manuela Cañadas, quienes han celebrado la predisposición de las dos partes para alcanzar el pacto.

De este modo, el decreto 3/2025 de actuaciones urgentes destinadas a la obtención de suelo mediante los proyectos residenciales estratégicos (PRE) se convalidará este martes en el pleno del Parlament tal y como fue aprobado por el Consell de Govern hace unas semanas y después se tramitará como proyecto de ley, periodo durante el cual se le incluirá enmiendas propuestas por Vox.

Expansión de los PRE y recalificación de suelo rústico

Entre ellas, han explicado, la extensión de los PRE a los 24 municipios del archipiélago que tienen más de 10.000 habitantes, algo que durante las últimas semanas Vox había exigido a cambio de su apoyo. Para ello los ayuntamientos deberán contar con un informe favorable del correspondiente consell insular.

El futuro proyecto de ley también contemplará la posibilidad de que los municipios de más de 20.000 habitantes puedan decidir si desarrollan proyectos urbanísticos en las conocidas como áreas de transición, lo que implicará recalificar suelos rústicos en urbanizables.

Esto, ha detallado Mateo, será posible en 12 municipios de Mallorca, Menorca e Ibiza, y estará sujeto a una regulación específica. En concreto, para poner en marcha este mecanismo se deberá modificar el planeamiento municipal bajo autorización de los consells insulares y se limitará a los terrenos adosados a los núcleos urbanos.

Condiciones para ayuntamientos y nuevas viviendas proyectadas

“Esta posibilidad será decisión de cada ayuntamiento, requerirá de un acuerdo del pleno y deberá ajustarse a los requisitos que quedarán debidamente regulados en la ley”, ha apuntado el conseller.

Preguntado al respecto, Mateo no ha concretado cuál es el número de viviendas que se proyectan construir con estas dos modificaciones del decreto, aunque ha reiterado que los plazos para que éstas sean una realidad serán inferiores a los actuales.

“Es un proyecto a medio y largo plazo. Si se necesitan más de 100.000 viviendas, con las 20.000 –las que se proyectaban en Palma– era insuficiente. Es una generosidad hacer este decreto para las futuras generaciones por la necesidad importante que hay de vivienda”, ha añadido Cañadas.

Viviendas protegidas y exclusión para condenados por usurpación

El texto legislativo, han asegurado, mantendrá la condición de que el 50 por ciento de las nuevas viviendas de protección oficial o de precio limitado.

También se cederá un 15 por ciento del aprovechamiento del suelo a los respectivos ayuntamientos, con lo que se buscará facilitar vivienda a funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sanitarios, docentes o de la administración de Justicia.

Asimismo, incluirá medidas como la exclusión de las ayudas al alquiler o de la posibilidad de acceder a una vivienda de protección pública a aquellas personas que hayan sido condenadas de forma firme por delitos de usurpación o allanamiento de morada y se habilitarán ayudas para los perjudicados.

Acerca de este punto concreto, sobre el que durante las últimas semanas Vox no se había pronunciado, Mateo se ha limitado a decir que se concretará a lo largo de la tramitación parlamentaria, aunque ha concedido que estas sanciones a los condenados no serán de por vida.

Cañadas, en cambio, ha subrayado que las medidas están “para dar soluciones a la emergencia habitacional y no para premiar a delincuentes”.

Compromiso por una vivienda más asequible

Se trata del segundo acuerdo rubricado entre el Ejecutivo autonómico y Vox en los últimos días, después de que el pasado viernes Cañadas compareciera junto al conseller de Turismo, Jaume Bauzà, para escenificar el pacto para sacar adelante el decreto de medidas turísticas.

Este lunes, Mateo ha extendido su agradecimiento a Cañadas y a su equipo “por el trabajo realizado estas semanas, por lo que nos queda por delante y por la predisposición a llegar al acuerdo”.

Todas las medidas que Vox ha puesto sobre la mesa y que se pretenden añadir al texto durante su tramitación como proyecto de ley, ha argumentado, son “tendentes a generar más vivienda asequible para residentes”.

Crisis habitacional y necesidad de reformas estructurales

En la misma línea se ha expresado la portavoz parlamentaria de Vox, quien ha remarcado la necesidad de poner en marcha estas medidas ante “una de las peores crisis de acceso a la vivienda de nuestra historia”.

“Miles de familias, de jóvenes y de trabajadores se enfrentan cada día a precios imposibles, a un mercado bloqueado por la falta de oferta y la inseguridad jurídica y la frustración de no poder desarrollar su vida en su tierra”, ha apuntado.

Su partido, ha proseguido, no está dispuesto a que esta situación se “normalice”, por lo que han pactado con el Govern unas medidas para “conseguir lo que durante años se negaron a hacer, dar una respuesta real, concreta y valiente a la emergencia habitacional”.

La ley Carbonero como referencia

El decreto ley presentado por el Ejecutivo, ha sostenido, era un texto “limitado y centrado solo en Palma” que no daba “soluciones estructurales” y que era “claramente insuficiente”, algo que se cambiará “gracias a la predisposición del conseller y una negociación firme”.

La futura ley, ha considerado, permitirá que los municipios cuenten con las herramientas necesarias para disponer de más suelo urbanizable y poner a disposición más vivienda asequible, haciendo que “el acceso a un hogar deje de ser un sueño imposible” en las Islas.

“Damos un paso al frente, no queremos unas Baleares expulsando a jóvenes ni condenado a familias a elegir entre pagar un alquiler imposible o marcharse. Nos negamos a normalizar estas situaciones”, ha concluido.

Mateo ha insistido en varias ocasiones en que la base del decreto que este martes se convalidará y del futuro proyecto de ley consensuado con Vox parten de la base de la conocida como ley Carbonero, aprobada en 2008 por un Govern del Pacte.

Desarrollo de reservas estratégicas y simplificación de trámites

“Hemos tomado como base la ley Carbonero, que nos parece una muy buena ley desde el punto de vista conceptual”, ha argumentado el conseller, quien ha remarcado que esa normativa ya contemplaba la posibilidad de edificar en áreas de transición “de manera limitada y con requisitos exhaustivos”.

Es por ello por lo que ha rechazado las críticas de los grupos parlamentarios de la izquierda, quienes sostienen que el decreto beneficiará a “unos pocos” y que es un “atentado contra el medioambiente”, y les ha llamado a darle apoyo.

El director general de Vivienda, José Francisco Reynés, ha detallado que la ley Carbonero ha permitido hasta el momento desarrollar seis reservas estratégicas de suelo, de las cuales se han ejecutado dos y una está en ejecución en Calvià.

De las otras tres sin ejecutar, ha apuntado, dos están en Palma, en Son Güells –con el proyecto de urbanización ya aprobado– y en Son Bordoy –todavía pendiente de aprobar–, y una “muy pequeñita” en Son Servera.

Sobre las áreas de transición, ha admitido que durante los primeros años la Conselleria recibió una treintena de propuestas para urbanizar, que todas fueron “objeto de análisis y de estudio”.

La principal diferencia entre la futura ley y la anterior, ha zanjado, es que ésta englobará todos los trámites en un único procedimiento, lo que se reducirán los plazos “de forma muy notable”.