El PSOE ha presentado una batería de enmiendas en el Congreso a la Ley de los alquileres temporales con las que plantea implantar multas de hasta 600.000 euros para las plataformas como ‘Airbnb’ si no ofrecen datos de actividad y los números de registro de los alojamientos que publicitan.
Es una de las principales propuestas que el Grupo Socialistas ha hecho a la proposición de ley de sus socios de izquierda para regular los alquileres de temporada y por habitaciones, que han sido utilizados en ocasiones para esquivar el control de la Ley de Vivienda aprobada en 2023.
En primera instancia, el PSOE propone que los contratos de temporada, por habitaciones y turísticos sean considerados de corta duración según establece el Reglamento europeo que versa sobre la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de este tipo de alojamientos.
La idea con esta propuesta es, por un lado, que puedan ser registrados en la Ventanilla Única Digital que desarrolló el Ministerio de Vivienda en enero de este año y, por otro, que estén sometidos a un régimen sancionador que establece multas muy graves, graves o leves.
EN LÍNEA CON CONSUMO
Según la reforma que ha presentado el PSOE y que ha recogido Europa Press, las multas muy graves llegan hasta los 600.000 euros y prescriben a los tres años y se podrán imponer a las plataformas en línea que incumplan la normativa europea a la hora de publicitar alojamientos. Precisamente el Ministerio de Consumo ha pedido recientemente el bloqueo de más de 65.000 anuncios de pisos turísticos en la plataforma por infracciones de este tipo.
Los socialistas también proponen multas de entre 30.000 y 3.000 euros para estas plataformas y para aquellas personas que infrinjan la ley mediante contratos de corta duración.
La cuantía de las sanciones podría incrementarse hasta en un 30% en función de la gravedad y la trascendencia del hecho, la reincidencia de la infracción, el beneficio económico obtenido por la misma, la capacidad económica de la persona infractora o que la persona arrendadora tenga la condición de gran tenedor.
TOPE DE UN AÑO AL ALQUILER DE TEMPORADA Y DE 31 DÍAS LOS TURÍSTICOS
Entre las propuestas que hace el PSOE al texto legislativa está la de elevar hasta los doce meses el tiempo que puede durar un contrato de temporada frente a los nueve que han propuesto Sumar, ERC, Bildu, Podemos y BNG. El contrato se podría prorrogar otros doce meses si las causas de la temporalidad se mantienen.
Si la duración de un contrato excediera del año sin justificación vinculada a la duración de la causa temporal que lo motiva, o se encadenaran con la misma persona arrendataria más de dos contratos consecutivos sin justificación, el primero de ellos se entenderá celebrado como un contrato de arrendamiento de vivienda habitual, y le serán de aplicación todos los preceptos previstos para dichos contratos.
En el caso de los alquileres turísticos, estos no excederían de los 31 días. Todos estos pisos deberán obtener un número de registro con carácter previo a su publicación e plataformas en línea, el número de registro se obtendrá a través del procedimiento que se determine reglamentariamente.
APLICACIÓN DE LA LEY DE VIVIENDA A ESTOS ALQUILERES
Los socialistas también quieren que se pueda aplicar la Ley de Vivienda a los alquileres por temporada y que un nuevo contrato no pueda exceder de la última renta del contrato anterior en zonas de mercado tensionado. En el caso de arrendamientos de vivienda de temporada por habitaciones, la suma de las rentas de cada habitación no podrá superar los límites antes descritos para el conjunto de la vivienda.
Únicamente podrá incrementarse, más allá de lo que proceda de la aplicación de la cláusula de actualización anual de la renta del contrato anterior, en un máximo del 10% sobre la última renta cuando hubiera habido una obra de rehabilitación, por una mejora de accesibilidad o cuando el nuevo contrato se firme por diez o más años.
En los contratos de arrendamiento que el arrendador sea un gran tenedor de vivienda y la vivienda se ubique en una zona tensionada, la renta pactada al inicio del nuevo contrato no podrá exceder del límite máximo del precio aplicable al índice de precios de referencia definido en la Ley de Vivienda.
Por último, el PSOE quiere eliminar una disposición que se introdujo en la proposición de ley para contentar a Junts que reza sobre el respeto competencial autonómico en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. El Grupo Socialista dice que esto es “innecesario” porque la competencia en materia contractual y de arrendamientos corresponde al Estado.
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