El Consell de Mallorca aprueba dos mociones de Vox sobre la gestión del aeropuerto de Palma y el Instituto del Deporte Hípico

El pleno del Consell de Mallorca aprobó hoy dos mociones impulsadas por Vox, una relativa a la gestión aeroportuaria del Aeropuerto de Son Sant Joan y otra, conjunta con el Partido Popular, de reprobación a la gestión del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM).

El portavoz adjunto de Vox, David Gil, defendió la moción sobre el aeropuerto señalando que la infraestructura “es estratégica para la isla” y denunció que la gestión de AENA “se ha degradado de manera preocupante” con políticas de externalización de servicios, recorte de plantillas y saturación de instalaciones. Gil subrayó que la propuesta busca “garantizar que los beneficios de su operación se traduzcan en un mejor servicio y un desarrollo sostenible para Mallorca”.

La moción aprobada insta a AENA y al Gobierno de España a auditar la situación del aeropuerto —incluyendo seguridad e impacto de tarifas—, garantizar una gestión pública orientada al interés general, mejorar los servicios públicos, eliminar recorridos comerciales forzados y congelar cualquier subida de tarifas hasta comprobar mejoras sustanciales. Gil criticó el voto en contra de PSOE y MÉS, al que calificó de “traición a los intereses de la ciudadanía”.

Reprobación de la gestión del hipódromo de Son Pardo

En paralelo, el pleno aprobó con los votos de PP y Vox, la abstención de El Pi y el rechazo de PSOE y MÉS, una moción que reprueba la gestión del Instituto del Deporte Hípico de Mallorca (IEHM) y de los recursos públicos vinculados al Hipódromo de Son Pardo.

El portavoz de Vox, Toni Gili, criticó la “nefasta gestión” del anterior equipo de gobierno liderado por Catalina Cladera y Andreu Serra. Gili denunció que se permitió a la sociedad explotadora del restaurante del hipódromo acumular una deuda superior a 345.000 euros por impagos del canon mensual durante más de un año, sin contrato formal y bajo un acuerdo verbal.

El dirigente calificó de “negligencia absoluta” que, pese a que el contrato venció en octubre de 2022, la reclamación de la deuda no se iniciara hasta junio de 2023, dos semanas antes de las elecciones. “Es intolerable que una administración actúe con acuerdos verbales y no recupere el dinero hasta haber sido derrotada en las urnas”, concluyó Gili.