El número de expedientes gestionados por el organismo autonómico creció un 22 % en dos años
El Institut Balear de Seguretat i Salut Laboral (IBASSAL), dependiente de la Conselleria de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, tramitó durante el año 2025 un total de 283 planes de trabajo con riesgo de exposición al amianto, tanto específicos como genéricos. Esta cifra supone cinco planes más que en 2024 y 51 más que en 2023, lo que representa un incremento del 22 % en dos años.
Los datos muestran un aumento progresivo de las actuaciones preventivas desarrolladas por las empresas en relación con trabajos que implican amianto y de la actividad administrativa asociada. La evolución registrada, con 232 planes en 2023, 278 en 2024 y 283 en 2025, confirma una mayor planificación de las intervenciones con materiales que presentan riesgo de exposición.
Concienciación y cultura preventiva
El director del IBASSAL, Óscar Paz, señaló que existe una mayor concienciación por parte de empresas y trabajadores sobre la necesidad de actuar con garantías ante materiales con riesgo de exposición. Según indicó, el incremento de los planes presentados refleja una cultura preventiva más consolidada y una mejor planificación de las actuaciones.
Las empresas que realizan trabajos con riesgo de exposición al amianto deben estar inscritas en el Registre d’empreses amb risc d’amiant (RERA), un requisito necesario para garantizar el cumplimiento de la normativa y la correcta gestión de los trabajos y de los residuos generados.
Revisión de los planes y medidas de seguridad
En este contexto, el IBASSAL tramita y analiza de forma previa los planes de trabajo presentados por las empresas, que deben ser aprobados por la autoridad laboral. Estos planes incluyen medidas preventivas obligatorias como el encapsulamiento, la retirada controlada o la reparación de elementos con amianto.
Durante el proceso, la Inspecció de Treball i Seguretat Social emite un informe favorable o desfavorable que se remite al IBASSAL para su valoración. También se comprueba que los centros de trabajo permitan aplicar las condiciones necesarias para ejecutar las intervenciones con seguridad, como zonas de confinamiento, control de accesos, aislamiento de áreas afectadas y protección de trabajadores y terceros.
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