Los gobiernos autonómicos han remitido una carta conjunta a la presidenta de la Comisión Europea para adaptar el régimen de ayudas a la realidad insular. Solicitan elevar los límites y flexibilizar las condiciones para el sector primario y pesquero.
Los ejecutivos autonómicos reclaman adaptar el régimen europeo de ayudas a los sobrecostes de la insularidad
El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Govern de Canarias, Narvay Quintero, y el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern de les Illes Balears, Joan Simonet, han remitido una carta conjunta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para reclamar un tratamiento específico en las ayudas de minimis para los territorios insulares de la Unión Europea.
La iniciativa se enmarca en el proceso de revisión del reglamento europeo que regula este tipo de ayudas. Ambos gobiernos consideran necesario adaptar el marco normativo a las particularidades de las islas.
Desventajas estructurales
En la carta, los ejecutivos exponen que la insularidad genera desventajas estructurales permanentes que condicionan la competitividad y la viabilidad del sector primario, tanto agrario como pesquero. Entre los factores señalados figuran la fragmentación territorial, la dependencia del transporte marítimo y aéreo, los sobrecostes logísticos y la dimensión limitada de los mercados insulares.
Canarias y Baleares sostienen que el régimen actual de ayudas de minimis no refleja adecuadamente esta realidad ni permite a las administraciones actuar con la intensidad necesaria para responder a las necesidades del sector. Por ello, solicitan que las islas sean reconocidas explícitamente como una categoría diferenciada dentro del régimen europeo de ayudas de Estado.
Incremento de límites y mayor flexibilidad
La petición conjunta plantea incrementar los límites máximos de las ayudas de minimis para los territorios insulares y flexibilizar las limitaciones aplicables al transporte de insumos y materias primas esenciales. También propone adaptar el régimen a las particularidades de la industria agroalimentaria de las islas, especialmente de las empresas que trabajan principalmente con producto primario local.
Los dos ejecutivos autonómicos solicitan que este enfoque específico se extienda al sector pesquero, formado mayoritariamente por una flota artesanal y de pequeña escala, con fuerte arraigo territorial y condicionada por sobrecostes estructurales.
La iniciativa da continuidad al acuerdo anunciado el pasado mes de marzo por ambos gobiernos, en el que ya avanzaron su voluntad de reclamar conjuntamente ante la Unión Europea un tratamiento específico en las ayudas de minimis por su condición insular.
Compromiso con los objetivos europeos
Canarias y Baleares defienden que la adaptación del régimen de minimis a la realidad insular no supone una ventaja competitiva injustificada, sino una herramienta para garantizar la equidad, la cohesión territorial y la sostenibilidad del modelo agroalimentario europeo.
Ambas comunidades reiteran su compromiso con los objetivos europeos en materia de sostenibilidad, seguridad alimentaria y desarrollo rural y confían en que su petición sea tenida en cuenta durante el proceso de revisión normativa actualmente en marcha.
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