El Consell de Mallorca celebra la anulación del registro estatal único de alquiler turístico por parte del Supremo

El Consell de Mallorca ha mostrado su satisfacción tras la sentencia del Tribunal Supremo que anula el Registro Único estatal de arrendamientos de corta duración al considerar que el Estado no dispone de competencias para imponer este tipo de regulación frente a los registros autonómicos ya existentes.

Desde la institución insular consideran que la resolución judicial confirma las advertencias realizadas desde el inicio sobre la falta de seguridad jurídica y la invasión competencial que suponía la medida impulsada por el Gobierno central.

El consejero de Turismo, Guillem Ginard, valoró positivamente la decisión del Supremo y afirmó que no se pueden aprobar regulaciones de este alcance “sin consenso con los territorios” y afectando competencias que corresponden tanto a las comunidades autónomas como, en el caso de Mallorca, al propio Consell.

El Consell denuncia el impacto negativo sobre el sector turístico

Según explicó el responsable insular de Turismo, la implantación del registro estatal generó durante meses incertidumbre y confusión normativa entre empresas, propietarios y profesionales vinculados al alquiler turístico.

Guillem Ginard aseguró que el balance de la medida ha sido “tiempo perdido” y un perjuicio innecesario para un sector que necesita estabilidad y reglas claras para desarrollar su actividad.

Desde el Consell de Mallorca consideran que la sentencia evidencia el fracaso de una regulación que, finalmente, ha quedado desacreditada judicialmente.

Parte de la oferta turística de Mallorca quedaba excluida

La institución insular también subrayó que el registro estatal dejaba fuera a una parte importante de la oferta reglada de alquiler turístico existente en Mallorca, especialmente aquellos inmuebles considerados exclusivamente de actividad turística según el Decreto Legislativo 2/2005.

Además, el Consell señaló que la aplicación del registro único estatal provocó una importante carga administrativa para los consejos insulares, encargados de tramitar certificados exigidos por la normativa.

La institución también advirtió de los perjuicios económicos derivados de la aplicación de este sistema para el conjunto del sector turístico de la isla.

Petición de responsabilidades al Gobierno central

Tras conocerse la sentencia, el Consell de Mallorca ha instado al Gobierno central a adoptar medidas respecto a los responsables de impulsar esta regulación pese a las advertencias realizadas por distintas instituciones.

Desde el área de Turismo consideran que el Ejecutivo estatal debería asumir responsabilidades por los efectos que esta normativa ha tenido sobre el sector turístico mallorquín y sobre la gestión administrativa de las instituciones insulares.