El Ejecutivo central reparte 2.572 millones entre las comunidades autónomas para políticas activas de empleo, una cuantía sin actualizar desde 2023.
El Govern advierte del impacto en recursos y servicios ante el aumento de costes y usuarios.
La financiación estatal para políticas activas se mantiene sin cambios desde 2023
La consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabrer, acompañada por la directora del SOIB, María Luján Olivera, ha asistido este jueves por la tarde en Madrid a la Conferencia Sectorial de Ocupación y Asuntos Laborales. En el encuentro, el Gobierno central ha acordado el reparto de 2.572 millones de euros entre las comunidades autónomas para el desarrollo de políticas activas de empleo.
La cuantía se mantiene congelada desde 2023 debido a la falta de presupuestos. Durante la reunión, Cabrer expresó la preocupación del Govern balear ante la ausencia de actualización de los recursos en un contexto de incremento generalizado de los costes de personal y de los programas públicos de empleo.
Impacto en costes y colectivos vulnerables
La consellera señaló que la misma cantidad se distribuye desde hace tres años sin tener en cuenta la subida salarial de los empleados públicos, el aumento de los costes de los programas ni la necesidad de reforzar plantillas para atender a más usuarios y servicios.
También advirtió del impacto en los centros especiales de empleo que trabajan con personas vulnerables, ya que, según indicó, el reparto estatal no contempla el incremento del salario mínimo interprofesional aplicado a estos trabajadores, lo que supone una carga económica para las comunidades autónomas.
Regularización de inmigrantes y presión sobre el SOIB
Cabrer subrayó que el reparto de fondos tampoco tiene en cuenta el aumento de usuarios previsto a raíz del proceso de regularización de inmigrantes impulsado por el Gobierno central. Según las primeras estimaciones del SOIB, más de 20.000 personas acudirán a este servicio tras el proceso, una cifra que podría incrementarse con el tiempo.
En relación con esta petición de recursos adicionales, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, indicó que la cuestión corresponde a otros ámbitos competenciales del Ejecutivo central, una postura con la que la consellera manifestó su desacuerdo.
Fijos discontinuos y metodología de cómputo
El Govern también solicitó que se tenga en cuenta la realidad específica de Baleares en relación con los trabajadores fijos discontinuos. Cabrer recordó que entre octubre y febrero se registra una campaña intensa de inscripciones vinculadas a periodos de inactividad laboral, una competencia del SEPE en la que el SOIB presta apoyo con personal propio.
Durante la reunión se defendió la necesidad de ajustar la metodología estatal para el cómputo de objetivos cuantitativos por colectivos, de modo que los trabajadores fijos discontinuos en periodo de inactividad no se contabilicen como demandantes de empleo asimilables a personas en paro, dado que mantienen una relación laboral indefinida vigente.
Asimismo, se trasladó la necesidad de avanzar con mayor agilidad en medidas orientadas a abordar el absentismo laboral. Varias comunidades autónomas se sumaron a las peticiones formuladas por el Govern balear. Por su parte, Yolanda Díaz señaló que esta será probablemente su última conferencia sectorial.
COMENTA LA NOTICIA