La medida suspende temporalmente las vías prioritarias para nuevas instalaciones en suelo rústico mientras se redacta una nueva planificación energética. No afectará a proyectos ya autorizados ni al autoconsumo.
La suspensión estará vigente mientras se aprueba una nueva ordenación de las energías renovables y el almacenamiento
La moratoria para ordenar los nuevos proyectos fotovoltaicos en suelo rústico en las Illes Balears ha entrado en vigor mientras se redacta una nueva planificación de las energías renovables y del almacenamiento energético en el archipiélago. La medida establece la suspensión temporal de las vías prioritarias vinculadas al reconocimiento de la utilidad pública y a la declaración de interés autonómico energético para nuevas instalaciones situadas en suelo rústico.
La decisión queda recogida en la Llei 4/2026, d’11 de juny, de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyen a la transformación económica de las Illes Balears y otras medidas de simplificación y racionalización administrativas, publicada en el BOIB.
Alcance de la suspensión
La actuación tiene como objetivo garantizar un despliegue equilibrado de las energías renovables, compatible con la preservación del territorio, la actividad agraria y los valores ambientales y paisajísticos de las Illes Balears.
La regulación no tendrá efectos retroactivos y, por tanto, no afectará a los proyectos que ya dispongan de permisos de acceso y conexión concedidos antes de la entrada en vigor de la ley. También quedan excluidas las instalaciones destinadas al autoconsumo energético, así como las repotenciaciones e hibridaciones de instalaciones existentes.
Nueva planificación en un plazo de dos años
La nueva ordenación energética deberá aprobarse en un plazo máximo de dos años y quedará integrada en el Pla Director Sectorial Energètic de les Illes Balears, con criterios sobre la ubicación y las dimensiones de las instalaciones.
El nuevo marco permitirá identificar las zonas más adecuadas para el desarrollo de proyectos energéticos, establecer criterios sobre su dimensión e integración territorial y garantizar una mejor coordinación entre la transición energética, la protección del suelo rústico y el desarrollo económico sostenible de las islas.
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