La Conferencia Sectorial de Servicios Sociales de las Illes Balears, celebrada en Menorca, ha analizado un proyecto piloto de vivienda para mayores de 65 años en situación o riesgo de exclusión social. El encuentro también ha tratado la modificación del Pla de Finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics para el periodo 2025-2027.
Proyecto piloto de vivienda para mayores en situación vulnerable
La Conferència Sectorial de Serveis Socials de les Illes Balears, celebrada este jueves en Menorca, ha abordado un proyecto piloto de vivienda destinado a personas mayores de 65 años en situación o riesgo de exclusión social. La propuesta, recogida en un borrador de convenio de colaboración con el Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), prevé la cesión de 15 viviendas de protección pública a los consells insulars.
El programa se dirige a personas mayores con dificultades para acceder a una vivienda o mantenerla, especialmente aquellas con ingresos insuficientes, en riesgo de perder su vivienda o que no disponen de una red de apoyo familiar. El borrador plantea un modelo de alojamiento temporal que permita atender estas situaciones y favorecer la inclusión social y la autonomía personal.
Valoración de la vulnerabilidad y gestión insular
Los consells insulars serían los encargados de valorar las situaciones de vulnerabilidad de las personas beneficiarias mediante informes sociales. Para ello, se tendrán en cuenta criterios económicos, familiares y residenciales a la hora de determinar el acceso a estas viviendas de protección pública.
Este sistema de derivación y evaluación pretende ajustar la respuesta a las necesidades específicas de cada persona mayor, dentro del marco del proyecto piloto previsto en el borrador de convenio con el IBAVI.
Cambios en el Pla de Finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics
Durante la Conferencia Sectorial también se ha abordado la modificación del Pla de Finançament dels Serveis Socials Comunitaris Bàsics, dotado con 49,19 millones de euros para el periodo 2025-2027. Los cambios planteados buscan flexibilizar las condiciones que deben cumplir los ayuntamientos para justificar los fondos, especialmente en relación con la cobertura de las plantillas de los servicios sociales municipales.
La propuesta contempla que las ausencias o reducciones de jornada del personal no supongan necesariamente una pérdida de financiación para todo el equipo. De este modo, se pretende adaptar el uso de los recursos al funcionamiento real de los servicios sociales comunitarios básicos.
Reactivación de comisiones y cambios en autorizaciones
Asimismo, se ha planteado a los consells insulars la reactivación de las comisiones de seguimiento del Pla de Finançament para trabajar conjuntamente en las condiciones del futuro plan. Estas comisiones tendrían como objetivo analizar y consensuar los criterios de financiación y su aplicación territorial.
Finalmente, durante la reunión se ha informado a los consells insulars sobre la modificación del procedimiento de autorización y acreditación de los servicios sociales. También se han explicado las implicaciones que estos cambios tendrán en el ejercicio de sus competencias en materia de servicios sociales.
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