El Govern ha movilizado hasta la fecha un total de 1.610.868 euros, mediante las cláusulas sociales del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), para diferentes proyectos de emergencia de vivienda, según ha informado este viernes el Ejecutivo balear en una nota de prensa.
La presidenta del Govern, Francina Armengol, y el conseller de Movilidad y Vivienda, Josep Marí, se han reunido esta mañana en el espacio Es Garrover de Inca con representantes de algunas de las constructoras que han subscrito las cláusulas sociales que incluye el Ibavi en los pliegos de licitaciones, así como con las instituciones y entidades sociales beneficiarias de estas cláusulas.
Gracias a esta cláusula, las constructoras se comprometen a destinar un porcentaje del presupuesto adjudicado a iniciativas como, por ejemplo, ayudas económicas a familias en situación de emergencia social para evitar que pierdan la vivienda.
Durante la presentación de los proyectos que ya se están financiando a través de esta cláusula, la presidenta Armengol ha defendido que esta es “una nueva fórmula de hacer política” porque es “una manera de entender la contratación pública que quiere estimular la responsabilidad social de las empresas”. En este sentido, Armengol ha recordado que ahora mismo, en las contrataciones del Ibavi, “ya es más importante el proyecto social de la empresa que la oferta económica”.
“Todavía queda mucho camino por recorrer para garantizar el derecho a la vivienda”, ha reconocido la presidenta, quien ha reivindicado, una vez más, la necesidad de que el Estado dé las herramientas a las Comunidades Autónomas para establecer “un tope al alquiler que permita bajar el precio”.
Por su parte, el conseller Josep Marí ha destacado que “el Ibavi se ha convertido estas dos últimas legislaturas en una pieza clave para ir construyendo un parque de vivienda pública de alquiler al alcance de la gente que más lo necesita, siempre priorizando su función social, ya sea destinando vivienda a los jóvenes o limitando a un 30% de los ingresos el alquiler que se tiene que pagar”.
Hacer frente a la emergencia de una vivienda
Desde el año 2020, el Ibavi incluye en los pliegos de licitación de las obras una cláusula social que recoge el compromiso de las constructoras de destinar un porcentaje del importe de adjudicación del contrato a financiar proyectos de interés social relacionados con el objeto del contrato.
A través de esta cláusula las empresas constructoras se comprometen a aportar un porcentaje de adjudicación del contrato –entre el 1% y el 10%, y la media de lo que se destina a cláusulas sociales es de un 4,2%– a proyectos sociales relacionados con la emergencia de vivienda. Este compromiso, que subscribe la constructora, puede representar hasta 15 puntos de un total de 100 en el baremo de puntuación en el proceso de adjudicación.
Hasta la fecha, esta cláusula se ha incluido en 14 contratos del Ibavi y las aportaciones de las empresas constructoras suman un total de 1.610.868 € para diferentes proyectos de emergencia de vivienda que ya están beneficiando actualmente a seis entidades y dos instituciones: Cáritas Mallorca, Mater Misericordiae, Cáritas Menorca, la Fundación Es Garrover, Cruz Roja Mahón, Provivienda, el Consell de Menorca y el Ayuntamiento de Lloseta.
Actualmente hay ocho constructoras que han subscrito esta cláusula a través de la construcción de diferentes promociones del Ibavi tanto en Mallorca como en Menorca: Construcciones Alea, SL; la UTE Viviendas Leon XIII, formada por Melchor Mascaró y Construcciones Embat; Copisa; Obras y Construcciones Tomeu Rosselló; Antonio Gomila, SA, Obras y Promociones Comas, SA.
Principales proyectos beneficiarios en Mallorca
A través de las cláusulas sociales incorporadas en el contrato de construcción de 23 VPO en Santanyí, la constructora Tomeu Rosselló ha aportado 90.000 € al Proyecto Vivienda Digna que impulsa Cáritas Diocesana de Mallorca. Esta aportación se ha destinado a facilitar el acceso a la vivienda a las familias a las que atienden a través de ayudas económicas propias para que no pierdan su vivienda habitual. En este caso, las cláusulas sociales han permitido a Cáritas ofrecer ayudas a un total de 294 hogares y 434 personas para que puedan tener acceso a una vivienda digna.
Por otro lado, a través de las cláusulas sociales incorporadas en el contrato de construcción de seis VPO en Santa Eugènia por parte de la constructora Tomeu Rosselló y de la construcción de 18 VPO en Mahón por parte de la constructora Antonio Gomila, avanza en Santa Eugènia el proyecto que impulsa la organización Mater Misericordiae en el convento de las religiosas de la Misericordia, ubicado en este municipio.
La aportación de estas cláusulas sociales ha permitido, por un lado, llevar a cabo un proyecto de reforma de la antigua residencia de estas religiosas para su adecuación como residencia para personas con discapacidad intelectual y de desarrollo, y, por otro lado, impulsar obras para transformar la primera planta del antiguo convento en una nueva vivienda, con la intención de dar respuesta a las necesidades de los usuarios de esta entidad.
La Fundación Es Garrover, con sede en Inca, también es una entidad beneficiaria de las cláusulas sociales asumidas por las constructoras Comas, a través de las promociones de 43 VPO en Palma y nueve VPO en Inca, y de las aportaciones de la constructora Amer e Hijos, a través de la promoción de seis VPO en Puigpunyent. Todos estos recursos se destinan a las obras de reforma y rehabilitación del edificio situado en la calle de Pérez Galdós, 109, de Inca.
La ampliación y la reforma se concentran en la planta segunda, en la cual se construye una vivienda tutelada vinculada al servicio asistencial que desarrolla esta entidad social, con una capacidad para diez personas. Será destinada a personas con trastorno de salud mental.
Finalmente, las cláusulas sociales incluidas dentro de la licitación de 25 VPO en la calle de Lope de Vega de Palma, que construirá la empresa de Obras y Promociones Comas, permitirá destinar 24.620,03 € a través de las cláusulas sociales del Ibavi a la adecuación de una vivienda adaptada en Lloseta.
La vivienda está ocupada por una persona con discapacidad, con necesidad de uso de silla de ruedas. Por lo tanto, requiere adaptaciones y reparaciones como la adaptación del cierre y la apertura de puertas, cocina o instalación eléctrica.
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