El Consell ha negado haber “ocultado” información relativa a casos de menores tuteladas víctimas de explotación sexual y ha defendido la “máxima colaboración” de las administraciones competentes, después de que el diario ‘El Mundo’ haya publicado informaciones relativas a una presunta ocultación de datos por parte de la institución insular.

Según ha expresado el Consell en un comunicado, “afirmar que las administraciones han intentado “ocultar” los casos de Explotación Sexual Infantil y Adolescente (Escia) de los que se han podido tener indicios en Mallorca es una interpretación sesgada y falsa”.

Puesto que, ha detallado, “los informes de policía judicial se basan en la colaboración directa y la capacidad de detección de los profesionales del sistema de protección de menores de Mallorca”, por lo tanto, ha aclarado, “la administración”.

En esta línea, el Consell ha valorado, “los protocolos puestos en marcha desde el año 2017, que incluyen reuniones periódicas con los miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), donde se transmite toda clase de información e indicios que puedan ser constitutivos de prácticas que pongan en riesgo a niños y jóvenes tutelados”.

Además, ha destacado que “estas prácticas arrancan paralelamente a una nueva formación especializada destinada a los profesionales que tratan directamente con los menores, directamente dedicada a detectar y prevenir conductas de explotación sexual infantil y adolescente”.

Para el Consell, “es claro y notorio que la colaboración con las FCSE no se hacían regularmente antes de la entrada en funcionamiento del protocolo. Antes del año 2016 no se buscaba explotación sexual infantil y adolescente por tanto no se encontraba”.

Así, ha querido dejar claro que las diferentes detenciones que se han practicado por la Policía Nacional se han producido “en el marco de esta colaboración, con la información aportada desde el servicio de Infancia y Familia”. “Esta actividad policial no se habría podido producir en un ámbito “de ocultamiento” como pretenden hacer creer algunos”, ha hecho hincapié la institución insular, recordando que 37 adultos ya han sido detenidos en el marco de actuaciones policiales sobre casos de explotación sexual, “en investigaciones originadas en los datos y la colaboración cruzada entre las administraciones”.

Por ello, ha reiterado, “decir que la administración ha ocultado datos en referencia a indicios de Escia es falso. La misma existencia de los informes policiales es la prueba más fehaciente de la máxima colaboración de las administraciones competentes”. “El argumento del ocultamiento se sustenta de manera muy precaria cuando ha sido la administración la primera que ha admitido la existencia de casos de Escia”, ha incidido, recordando que sobre ello ha habido “un informe del Fiscal General de Baleares ante el Parlament” y se ha ofrecido “toda la información escrita y oral ante miembros de una comisión europea, forjada desde una iniciativa de Vox en el seno de la Comisión de peticiones –que preside el PP–, que no ha actuado ante ninguna otra petición sobre ningún otro caso de Escia en el Estado”.

Así mismo, el Consell ha pedido “no confundir ni hacer confundir a deliberadamente a la opinión pública” porque, ha afirmado, “el sigilo con que se han de tratar estos casos no quiere decir ocultamiento ni falta de colaboración”. “Al contrario. Nunca ninguna administración de Infancia y Familia ha trabajado más para tener más y mejores herramientas de prevención y de persecución de casos de Escia, ni ninguna otra ha colaborado con FCSE y Administración de Justicia tanto como esta para acabar con la impunidad de los delincuentes implicadas en estos casos”, ha defendido.

“El interés superior del menor implica el tratamiento confidencial de todos los datos de cariz personal que se puedan determinar en la instrucción de cualquier expediente. Un sigilo con el que están comprometidos todos los escalones de la cadena de la administración competente en la tutela de los niños y jóvenes, ente judicial y fiscalía de menores y FCSE en funciones de policía judicial”, ha explicado el Consell, insistiendo en que “se ha colaborado en todo momento con la investigación de los casos aparecidos”.

Para el Consell, es importante recordar, en este punto, que la Fiscalía de Baleares archivó la investigación después de constatar que no existía una trama organizada. También, que se constituyó una comisión política en el seno del Consejo rector del IMAS con todos los grupos políticos, salvo de PP y VOX, para analizar los casos de explotación sexual de menores tuteladas. Después de cuatro meses de análisis y de entrevistas con responsables técnicos y políticos del IMAS, la comisión concluyó por unanimidad que no ha habido responsabilidades políticas ni tampoco de los técnicos.

“El primer interés de las administraciones ha sido siempre la de poder ofrecer las máximas garantías de bienestar a los menores tutelados. Solo así se entiende el esfuerzo económico y humano en el servicio de Infancia y Familia, sustanciado en medidas como nuevos centros de atención, más personal y medidas de coordinación específicas para Escia”, ha apuntado, destacando que “se han hecho adelantos significativos gracias a la comisión de expertos de explotación infantil impulsada por el IMAS, que marcó una hoja de ruta que se cumple”.

“Se han redefinido las instrucciones para cuando un niño o bien un adolescente no vuelve al centro, actualizado protocolos y creado de nuevos, dado más de 500 horas formación a técnicos, mejorado la atención especializada con nuevos centros como el de menores víctimas de ESCIA, el de personas menores de edad víctimas de adicciones y el de menores extranjeros no acompañados. Además, se constituyó en febrero de 2020 la Comisión de Explotación Sexual –de la que forman parte Delegación de Gobierno, UFAM, Emume, entre otros–, implantado en cada centro de acogida residencial de la isla la figura del referente en victimización sexual y puesto en marcha un programa de mentoria, entre otros medidas”, ha detallado.

Finalmente, el Consell ha censurado que el PP “quiera aprovecharse de cualquier circunstancia para convertirla en arma política, con el apoyo de sus altavoces mediáticos”. “El caso del PP representa lo que nunca debería de pasar en política”, ha enfatizado, reiterando que los ‘populares’ “nunca han tenido ninguna intención de colaborar en la mejora de la situación de los menores, al contrario, desde enero de 2020 todas sus apariciones públicas han sido para acusar a las administraciones concernidas, pedir dimisiones y responsabilidades, y en ningún caso para buscar soluciones”.

“Este comportamiento del PP provoca el intento de dinamitar la comisión de expertos, despreciando en público la figura del primer director propuesto, dificultando y desprestigiando el trabajo, una vez esta se crea, y ninguneando las conclusiones cuando estas se hacen públicas”, ha considerado la institución insular, que ha vuelto a lamentar que “el PP no participa en la comisión política creada en el seno del Consell, para analizar la gestión dentro del área de menores en los últimos años ni hace ni una sola propuesta en positivo durante los dos últimos años”.

“No es admisible que la desesperación de llevar siete años en la oposición y el ansia irrefrenable de recuperar cuota de poder, hagan valorar al PP el uso de estrategias políticas carentes del más mínimo principio de ética, sin ningún ánimo de confrontar los argumentos con la realidad, y buscando, en definitiva, la confusión de la opinión pública con temas y argumentos ya sólidamente explicados”, ha valorado el Consell, sentenciando que “la actitud del PP en Baleares contrasta con la laxitud del partido hacia otros casos de naturaleza similar, como el caso Escia destapado en Madrid”.