El Pleno del Congreso debatirá este jueves seis enmiendas de totalidad presentadas por Vox contra los proyectos de ley que reforman la ley del régimen de cesión de tributos del Estado con el objetivo de ceder a Canarias, Andalucía, Valencia, Galicia, Baleares y Cataluña el impuesto sobre el depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos.

Vox argumenta que la cesión plena de un tributo estatal a las administraciones regionales, cuya entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2023, “ahonda en las profundas ineficiencias y desigualdades existentes entre los españoles como consecuencia del Estado de las autonomías”.

En su lugar, los de Santiago Abascal proponen “un Estado en el que no haya diferencias entre regiones ni entre españoles, independientemente del lugar en el que residan”.

En esta línea, alegan que el impuesto de residuos se configura como un tributo estatal que pretendía tener además un carácter homogeneizador, pero el hecho de que sea un impuesto cedido a las administraciones territoriales “frustra de raíz esa finalidad armonizadora, así como toda posibilidad de alcanzar un sistema fiscal homogéneo que sea operativo” y, de nuevo, en condiciones de igualdad.

Por ello, lamentan que la cesión del impuesto “malogra” el artículo 31 de la Constitución, que establece que los españoles “contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos (…) mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”.

IMPACTOS SOBRE EL TEJIDO EMPRESARIAL

Además, Vox critica que se trata de un impuesto indirecto que recae sobre la entrega de residuos en vertederos autorizados o en instalaciones de incineración o coincineración autorizadas para su eliminación o valorización energética, sean de titularidad pública o privada, y siempre que estén situados en el territorio de aplicación del impuesto.

De esta manera, argumenta, “el impuesto de residuos impacta directamente sobre el tejido empresarial e industrial y lo hará, además, de forma distinta en las diversas regiones” de España, según la normativa autonómica aplicable en cada caso.

Además, Vox insiste en que el tributo provocará “no pocas ineficiencias en la gestión de los residuos y en las decisiones de los contribuyentes que, a la vista de los impuestos autonómicos aplicables, podrán comprometer, incluso, aspiraciones de dicha norma, como el principio de proximidad”.

DA CUMPLIMIENTO AL ESTATUTO DE AUTONOMÍA

El Consejo de Ministros aprobó los anteproyectos de ley para la cesión de la gestión del impuesto de residuos el pasado el 31 octubre. Las citadas comunidades solicitaron la cesión del impuesto de manera prioritaria, un procedimiento que cumple con lo marcado en el Estatuto de Autonomía de cada territorio y en la Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).

Fue en julio cuando el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las comunidades autónomas acordaron impulsar la cesión del impuesto, pero con la idea de que los territorios lo puedan ir asumiendo “con flexibilidad” y se haga a demanda de las propias regiones. La titular, María Jesús Montero, recordó entonces que algunas de las autonomías tenían impuestos muy parecidos al que se pretende poner en marcha en el conjunto del país.

La norma que mandató al Gobierno el Congreso de los Diputados dicta que se haga posible que las comunidades asuman competencias de gestión y de carácter normativo en torno a este impuesto, que responde al afán de la Unión Europea por profundizar en las cuestiones que tienen que ver con la transición ecológica y la fiscalidad medioambiental.