El joven de 26 años acusado de coaccionar a un menor chantajeándole para obligarle a grabar vídeos eróticos ha admitido parcialmente los hechos este jueves, en una vista celebrada en la Audiencia Provincial a puerta cerrada.
El juicio ha quedado visto para sentencia. El joven habría amenazado al menor con revelar información privada que había obtenido de su correo, para obligarle a realizar prácticas sexuales diversas, algunas dolorosas o vejatorias, que grabó en vídeo.
La Fiscalía le acusa por un delito de agresión sexual, además de delitos de coacciones y pornografía infantil, y pide una condena de 30 años de cárcel.
El joven conoció al menor en 2018 a través de una comunidad online de videojuegos, cuando la víctima tenía 12 años. A partir de ahí mantuvieron contacto también por otros servicios y redes sociales.
Según la Fiscalía, el joven consiguió que el menor confiara en él y le contara aspectos personales de su vida, hasta el punto de que el menor le dio la contraseña de su cuenta de correo electrónico.
Este acceso a la cuenta del menor puso a disposición del acusado contactos y contenido de los mensajes, y le proporcionó información sensible que presuntamente utilizó para extorsionar al menor. Según la Fiscalía, le habría amenazado con difundir a su madre y a sus conocidos asuntos privados que había descubierto en el correo.
Así, según el escrito del fiscal, el joven comenzó a exigir al menor obediencia e incluso le impuso unos horarios para saber cuándo estaría conectado y podría comunicarse con él. Supuestamente, en ocasiones le obligaba a volver a casa para conectarse a través de una aplicación de vídeollamadas, y hasta le hacía compartir la pantalla del móvil para tener acceso a todo su contenido.
En febrero de 2018, utilizando el mismo chantaje le obligó a masturbarse ante la cámara del móvil, indicándole cómo tenía que hacer las prácticas sexuales y cronometrándolas con un reloj. La Fiscalía sostiene que el hombre forzó al menor a realizar estas prácticas a pesar de que la víctima le decía que le dolía.
En apenas dos meses el acusado grabó un total de 52 vídeos de este tipo, que fueron localizados en su teléfono móvil tras un registro policial practicado en agosto de 2019 en su domicilio, en Cataluña.
Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pide una medida de libertad vigilada tras cumplir la pena de prisión; una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima; y que se inhabilite al acusado para el ejercicio de profesiones relacionadas con menores de edad. También reclama 30.000 euros por los daños y perjuicios morales.
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