El Ayuntamiento de Palma ha decidido no continuar la relación contractual con la empresa CI Postal, encargada hasta ahora de enviar las notificaciones en la ciudad, por la polémica surgida a raíz de estas entregas, y a partir del 1 de abril será Correos la mercantil encargada temporalmente de esta labor.

Así lo ha anunciado este viernes en rueda de prensa el portavoz de Cort y regidor de Justicia Social, Feminismo y LGTBI+, Alberto Jarabo, quien ha precisado que Correos tenía hasta ahora la adjudicación de las notificaciones que se debían entregar fuera del municipio y, tras hablar con ellos, se ha resuelto que se encarguen del envío en Palma.

“Queremos asegurar a la ciudadanía que estas notificaciones se entregan en el tiempo que nosotros decidimos y garantizar que se envían sin dudas posibles, como las que se han generado hasta ahora con la empresa actual”, ha señalado.

En este punto, Jarabo ha recordado también que, aunque se han producido mejoras en los últimos meses, CI Postal ha sido sancionada y existe un expediente abierto sancionador por los retrasos en algunas entregas. Con todo, ha insistido en que esta situación no tiene “nada que ver” con el proceso judicial que hay abierto en el entorno de esta empresa respecto a presuntas entregas falsificadas.

Por tanto, Cort cesará su contrato con CI Postal este 31 de marzo, el 1 de abril empezará temporalmente Correos a enviar las notificaciones en Palma. Además, se llevará a cabo un nuevo proceso de licitación para una nueva adjudicación, que está prevista para finales de junio o principios de julio, según ha indicado el regidor.

NUEVO CONTRATO DE NOTIFICACIONES

En el nuevo contrato de notificaciones se incluirán algunos aspectos para “que no se vuelvan a repetir algunos de los posibles errores que existían en el contrato previo”.

Así, se exigirá que la empresa que entregue estas notificaciones tenga un mínimo de trabajadores y vehículos; se aumentará el presupuesto por el incremento de notificaciones previsto, también a raíz del incremento de sanciones; se incluirá la necesidad de cubrir los procesos de impresión o sellado en el contrato; se asegurará que el adjudicatario disponga de un servicio de atención al cliente, con correo electrónico o teléfono de asistencia, para que haya una comunicación correcta, o se reforzarán las penalidades por incumplimientos, “debido a los incumplimientos de la empresa actual”.

Para finalizar, Jarabo ha negado que en los últimos meses se haya percibido un incremento significativo. “La proporción entre el número de sanciones y la cantidad de ciudadanos que han reclamado algún problema no ha aumentado”, ha sentenciado el regidor.