El superior de la inspectora de la unidad de Blanqueo Blanca Ruiz cuando estuvo destinada en Madrid ha afirmado este jueves que tras su detención, el trasladado de su teléfono móvil hasta Palma se hizo sin sellar ni precintar el dispositivo, que únicamente fue introducido en una mochila.

El agente de Policía Nacional ha declarado este jueves como testigo en el juicio contra los investigadores del caso Cursach, el juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán, y cuatro agentes de la unidad de Blanqueo, y ha confirmado lo apuntado en la sesión del miércoles por otros compañeros en relación a la custodia del celular cuando Ruiz fue arrestada.

El responsable de la agente durante su etapa en Madrid, que estuvo presente en el momento de su detención en febrero de 2019, ha explicado a preguntas de la defensa ha señalado que dijo a Ruiz que entregara el teléfono “porque no tenía nada que ocultar”.

El testigo ha explicado, según su experiencia que lo habitual es “singularizar” el aparato intervenido por si tiene que utilizarse posteriormente, para que no sea manipulado.

Así, ha confirmado que no fue ni precintado ni identificado, más allá del número comercial, que los agentes que detuvieron a la inspectora podrían ya conocer de cuando estuvo destinada en Mallorca y del PIN de acceso, que facilitó ella.

El agente ha reiterado igualmente la versión de los encargados de detener a la inspectora en relación a la declaración, apuntando que tuvieron que llamar a Palma para que les facilitaran las preguntas que debían hacérsele.

A lo largo de la sesión han comparecido igualmente como testigos policías nacionales que colaboraron con los agentes de Blanqueo en detenciones y conducciones de arrestados que han indico que no recuerdan “nada reseñable”.

También ha prestado declaración un abogado presente en las declaraciones de funcionarios detenidos en la causa de la ORA, que ha asegurado que el juez Manuel Penalva ofreció “inmunidad” se incriminaban a otras personas, aunque advirtiendo que no utilizó expresamente ese término.

Este abogado ha señalado que las actas de los interregatorias no reflejaban fielmente el contenido y que protestó por ello, por lo que se introdujeron algunos cambios.

Sin embargo, ha admitido que no exigió que constara en el acta que no se estaban recogiendo todas sus quejas y que no lo denunció a posteriori. El letrado se ha referido también a las “malas formas” del fiscal. Sobre el interrogatoro, ha explicado que “eran más descalificaciones que preguntas”.

En último lugar ha prestado declaración un subinspector de la Agencia Tributaria que ha hecho referencia a un informe de reconocimiento de deuda de una sociedad con la familia Gijón, apuntando que había que analizar las cuentas “porque no estaba claro el origen del préstamo y no había capacidad de devolución”.

Con la declaración de testigos de este jueves el juicio se ha suspendido hasta después del verano y se retomará el 4 de septiembre.