El Consell de Mallorca ha anunciado el inicio de una auditoría externa, ya en fase de consideraciones previas, en todas las entidades dependientes del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS) con el objetivo de “mejorar el sistema de protección de menores, los procedimientos y los programas” que ofrece.

Así lo ha anunciado el presidente de la institución insular, Llorenç Galmés, en una rueda de prensa ofrecida este miércoles junto al conseller insular de Bienestar Social y presidente del IMAS, Guillermo Sánchez.

Sánchez ha detallado que esta auditoría servirá como “un instrumento más al servicio del IMAS para la protección del menor”, algo que se añadirá a las peticiones hechas por la comisión de investigación del Parlamento Europeo.

El conseller ha detallado que próximamente se determinará si es un procedimiento abierto con o sin publicidad, en base a la cuantía económica del contrato –puesto que aún no la ha podido detallar–, y se “iniciarán los trabajos para esclarecer cuáles son los planteamientos incorrectos del IMAS”.

Preguntado por las características de la auditoría, el presidente del IMAS ha concretado que, en esta fase previa en la que se encuentra el proceso, se trata de determinar el “ámbito económico” y el alcance de la misma será “todo el sistema de protección de menores y todos los procesos”.

“La auditoría pretende que, de manera externa, se analice cómo se está trabajando en el IMAS, aunque ya se está haciendo un análisis interno, porque un análisis externo te puede hacer aflorar determinados procedimientos que crees que son correctos y no lo son”, ha remarcado.

Por otro lado, consultado por si esta auditoría analizará las actuaciones llevadas a cabo en anteriores legislaturas, Sánchez ha especificado que “se habla del momento actual” y “cómo está siendo la protección de menores en la actualidad”. Respecto a los 16 casos de explotación sexual anteriores, ha aclarado que están en sede judicial y que de ellos se encargan los organismos competentes, como son Fiscalía y cuerpos y fuerzas de seguridad.

COBERTURA DE VACANTES, AMPLIACIÓN DE PLAZAS Y FORMACIÓN

Igualmente, ha señalado que se han establecido una serie de medidas que “mejorarán el sistema de protección de menores”. Una de ellas consiste en la duplicación de las direcciones insulares en materia de menores.

También se ha procedido a la cobertura de plazas con bajas y vacantes desiertas porque “la calidad de los servicios está asociada a la buena gestión de recursos humanos”. Igualmente, se han reconvertido los programas a estructura del IMAS, ya que, a juicio del presidente del Instituto, “no puede ser que la estabilidad de los profesionales dependa de la temporalidad”.

Asimismo, se ha iniciado un expediente para la estandarización de los procesos en los centros propios del IMAS, con los que pretende establecer unos protocolos “claros y cumplir con la legalidad”, además de con la normativa ISO en materia de calidad. “Se ha empezado el proceso de acreditación de los centros propios del IMAS y se iniciará con el centro de acogida de menores de 3 a 12 años de Puig des Bous”, ha subrayado.

Para la coordinación interadministrativa, se implantará el protocolo de intervención interinstitucional para menores no acompañados, en colaboración con el Govern, Fiscalía y la Policía Nacional.

El responsable de Bienestar Social ha avanzado que se ampliarán las plazas residenciales con la apertura de tres expedientes, uno con las entidades colaboradoras de 32 nuevas plazas, otro para adquirir dos inmuebles con capacidad para ocho menores cada uno, para dar “una atención centrada en la persona”, y, por último, la búsqueda de un solar para la construcción de un centro para menores de entre 13 y 17 años, para actualizar el centro de Tramuntana, que se encuentra en régimen de alquiler.

Esto se tratará de hacer mediante un convenio de fondos europeos, dotado con hasta cuatro millones de euros, pero para el que ha criticado que no se “había abierto ningún expediente”, por lo que se “intentará rescatar este crédito”.

No obstante, Sánchez ha anunciado, en caso de no conseguirse este convenio, el inicio de un proceso para llevar a cabo una modificación presupuestaria de 4,5 millones de euros para garantizar la financiación de estos centros de menores.

Preguntado por la ampliación de plazas, Sánchez la ha justificado con que los servicios residenciales “rozan el 100% de ocupación”, por lo que el aumento de plazas es “necesario”.

De igual modo, se implantarán planes de información para los profesionales, relativos riesgos potenciales de las tecnologías de la información y la comunicación.

“Todas estas medidas han sido consensuadas con las direcciones insulares, los técnicos del IMAS y las entidades colaboradoras de las mismas, y permiten cumplir con el grueso de las recomendaciones de la comisión del Parlamento Europeo”, ha alegado Sánchez. El IMAS tiene bajo su tutela a cerca 1.000 menores, 395 de los cuales están en plazas residenciales y 332 de ellas son gestionadas indirectamente por 13 entidades en un total de 31 centros.