Un agente de la Policía Local de Calvià ha apuntado este lunes a un posible trato “no homogéneo” del Ayuntamiento de Calvià respecto a locales de ocio de Magaluf referidos, en concreto, a las medidas a activar en función de determinados incumplimientos.
En su declaración como testigo en el juicio contra un grupo de policías locales y empresarios acusados de extorsionar a locales de la competencia, el agente ha explicado que en algunos incumplimientos de las empresas vinculadas a los acusados las medidas preventivas, por ejemplo ante incumplimientos por temas de ruidos, tardaban más tiempo en aplicarse.
En la Audiencia Provincial sigue el juicio contra el exjefe de la Policía Local de Calvià, otros tres agentes y dos empresarios acusados de varios delitos de extorsión, amenazas y corrupción, entre otros. La Fiscalía pide para todos ellos penas de prisión que rozan los 30 años, así como penas de inhabilitación para los funcionarios públicos.
Durante su declaración, el agente ha relatado que en una ocasión, durante una campaña de inspecciones por otros motivos, el exjefe de la Policía Local, José Antonio Navarro, ordenó de improviso la comprobación de ruidos de una terraza de la competencia de los hoy acusados.
Este policía ha admitido que en algunas ocasiones podía parecer que los locales que iban a ser objeto de inspección habían recibido un preaviso, aunque él, ha matizado, nunca presenció ninguna instrucción este sentido.
Otro mando de la Policía Local de Calvià entre 2001 y 2011 ha señalado, por otra parte y en relación al que fuera jefe de la Policía Local de Marratxí, Antonio Ledesma, que había sido agente en Calvià, que le relevó del turno de noche “por falta de confianza”.
Según ha relatado, otros agentes le habían trasladado algunos comportamientos extraños. “Desaparecía durante el servicio, tardábamos en localizarle y no sabíamos dónde estaba o dónde había ido”, ha afirmado.
El mismo agente ha señalado en referencia a Navarro, el exjefe de policía de Calvià, que nunca trató de influir en las actuaciones policiales a favor o en contra de determinados locales. “Ni tenía capacidad ni se lo hubiera permitido”, ha apuntado.
La Fiscalía acusa a los policías de extorsionar a locales de Magaluf hostigándolos con inspecciones irregulares para ahuyentar a su clientela y así beneficiar a la competencia. Además, los agentes también habrían obtenido beneficios trabajando directamente como asesores laborales para las empresas, cobrando las facturas a través de sociedades a nombre de terceras personas.
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